La Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por mil 239 millones de pesos en contra de los contratistas Jaime Garzón Chica y sus socios, Víctor Armando Cortés Torres y Sonia Luz Álvaro Calvache, quienes a través del Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima, tuvieron a cargo las obras de restauración del Panóptico en 2006.

A través del convenio interadministrativo 672 del 27 de diciembre de 2001 suscrito con el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima contrató en 2006 la restauración del BIC con el Consorcio Ingenieros y Arquitectos del Tolima .

Dicho contrato tenía como fin la restauración de la llamada ‘Casa del Alcalde’, así como la construcción del nuevo edificio tendiente a la modernización del Bic; además las obras paisajísticas y de entorno urbano.

Sin embargo la Contraloría a través de su Gerencia Departamental, estableció que al finalizar la ejecución de la obra se presentaron serias afectaciones técnicas y estructurales, así como ítems contratados pero no ejecutados, sin cumplir con el objeto del contrato.

Estas irregularidades tenían relación con errores en la instalación de la estructura metálica de la cubierta, materiales incompatibles en los acabados, daños de material y fisuras en muros, pañetes y pinturas, entre otros.

“No se llevó a cabo el proceso de control de calidad sobre el material que se instaló en la estructura y entramado de la cubierta y entrepiso, notándose defectos por contenido de humedad y por mezcla de maderas”.

Así mismo, “no es claro por qué los materiales de obra (madera y caña brava), que tienen una garantía mínima de 10 años, se encuentran en el estado de deterioro actual, sin haber sido recibida la obra en su totalidad”, determinó el órgano de control fiscal.

Por esta razón, el pasado 23 de enero se emitió en primera instancia el fallo de responsabilidad fiscal contra los contratistas, y que fue ratificado en segunda instancia el 21 de marzo por la Contraloría General.

Contraloría advirtió irregularidades para liquidación

En su momento, en ejercicio de la entonces función de advertencia, la Contraloría puso en conocimiento tanto de la Gobernación como del Ministerio de Cultura, las circunstancias que se venían evidenciado en la ejecución del contrato, con el fin de que se tomaran las acciones pertinentes.

Por ello, el contrato de obra 215 de 2006 fue liquidado unilateralmente mediante resolución 03360 del 15 de julio de 2011, ordenándole al contratista la devolución a favor del Departamento, de mil 394 millones de pesos.

Aunque el órgano de control fiscal estableció la cuantía del daño en $968 millones 245 mil pesos, correspondientes a las sumas pagadas a favor del consorcio, dicha suma, indexada a la fecha del fallo arrojó los mil 239 millones.

En el fallo de segunda instancia se confirmó que el detrimento patrimonial se ocasionó como consecuencia de la falta de planeación, supervisión, control y compromiso de los supervisores, así como de los contratistas, el interventor inicial y los diseñadores de la obra.

Responderán solidariamente

La Contraloría condenó fiscalmente a título de culpa grave, a Garzón Chica quien ejercía como representante legal del consorcio, así como a los integrantes del mismo.

Jaime Garzón Chica, tenía una participación del 40%; Víctor Armando Cortés Torres, 40%; y Sonia Luz Álvaro Calvache, el 20%.

La Contraloría pudo establecer que las actas de recibo parcial de la obra fueron suscritas, todas y cada una por Garzón Chica, aunque llama la atención que estas daban cuenta de una obra recibida a satisfacción, y que cumplían cabalmente con los ítems y cantidades de obra contratadas, omitiendo los constantes requerimientos, observaciones y objeciones que se les efectuaron, y que desatendieron desconociendo el plan de contingencias que se les había presentado.