A través de una carta, la Red de Veedurías del Tolima (Revisar) se quejó por la demora en la investigación por las presuntas irregularidades en la selección y ejecución de un millonario contrato de consultoría para el censo y la titulación de bienes fiscales durante la administración de Luis H. Rodríguez, que fue adjudicado a una firma representada por Aída Rodríguez, hermana del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez.

En la misiva, dirigida a Claudia Mirella Chalarca, fiscal 22 seccional, Revisar asegura que a pesar de las pruebas aplastantes relacionadas con el supuesto incumplimiento de los requisitos legales y falta de planeación, pluralidad y objetividad, hoy el proceso no avanza y está “a la espera de que prescriba y se amparen los carteles de la corrupción de Ibagué, donde al igual se encuentran involucrados personajes de la ciudad, con trayectoria política y social”.

Según detalla la Veeduría, la unión temporal Proyectos Inmobiliarios fue el único proponente que se presentó al concurso de méritos que se adelantó para entonces, el convenio suscrito no tuvo interventoría, la propuesta presentada por esta firma tuvo errores matemáticos y el primer desembolso se realizó a las 24 horas de transcurrido el inicio del contrato, cuando debió realizarse solo una vez se cumpliera con la totalidad del censo.

Entre otros puntos, también menciona que la Unión Temporal censó más de 13 mil predios en un día, labor que hubiera requerido de un “ejército debidamente calificado” para encuestar en promedio 544 predios por hora.

Además, señala que en una extraña coincidencia, la propuesta económica suministrada por la Unión Temporal durante el proceso de selección, guarda similitud con la información económica registrada en los pliegos de condiciones. “De esto se deduce que el contratista tuvo acceso a la información de los estudios previos”, acotó.

La unión temporal Proyectos Inmobiliarios está conformada en un 55 por ciento por la empresa Proyectos Arquitectónicos e Inmobiliarios La Quinta S.A.S. (conocida en la ciudad como PAI La Quinta) y, de otra parte, por la firma CNID S.A.S., con 45 por ciento de participación.

Respecto al contratista, Revisar señala que PAI La Quinta, contando con mayor participación en la unión temporal, no cumplía con las exigencias de los pliegos de condiciones y era la firma CNID S.A.S. la que sí cumplía en un 100% con los requisitos y la experiencia necesaria para cumplir el objeto del contrato, a pesar de su menor participación.

De acuerdo con la Veeduría, el ingeniero civil Julio César Castro, quien asumió los derechos, responsabilidades, obligaciones y efectos jurídicos del contrato por parte de CNID S.A.S., tampoco cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

“De lo único que se puede tener certeza absoluta es que en Ibagué, a partir de este contratico de más de dos mil millones de pesos, no se escrituró ningún predio, es decir que el objeto contractual de este contrato no se cumplió, lo único que se cumplió fue con los pagos al contratista”, sentenció Revisar.

“Una propuesta no hábil”

Para Revisar, el comité evaluador del proceso debió declarar ‘No hábil’ la propuesta de la unión temporal Proyectos Inmobiliarios, entre otras, porque la formulación de hojas de vida de personal no cumplían con lo requerido en los términos de condiciones. También, explica que estando el contrato de consultoría suspendido, tuvo una adición presupuestal el 26 de marzo de 2015 y una prórroga el 30 de marzo del mismo año.

El ordenador del gasto de este contrato fue Juan Gabriel Triana Cortés, secretario de Planeación del momento, y la supervisión estuvo a cargo de Leandro Vera Rojas, quien se desempeñaba en el cargo de director de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación; sin embargo, las actas aparecen suscritas por diferentes supervisores que fueron asumiendo las obligaciones inherentes a esta Consultoría.