Desde el próximo martes la Secretaría de Tránsito asumirá el trámite y expedición de las especies venales y que habían sido contratadas en 2015 con la empresa Pase Express.

De acuerdo con el secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha los recursos que eran consignados directamente al contratista a través de diversas cuentas bancarias, pasarán directamente a la entidad.

“Estos cuatro mil 592 millones de pesos que ha recaudado en estos tres años este señor se los ha llevado para Medellín, ni siquiera es un empresario de la ciudad y adicionalmente no pagaba ni arriendo ni dejaba ninguna compensación con el Municipio, no asumía ni el costo de la energía y todos los costos los pagaba directamente el Municipio. Lo que hicimos fue recuperar este tema para los ibaguereños que va a ser operado no a través de un tercero sino por el Municipio”, dijo Mahecha.

El contrato vence este viernes. La Secretaría de Tránsito asumirá el costo de los equipos para imprimir las licencias de conducción y las placas.

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En 2016, Pase Express recibió mil 656 millones de pesos, en 2017 mil 714 millones y este año ha recaudado mil 221 millones.

De acuerdo con Mahecha se desconoce el monto de los dineros percibidos por el contratista durante los últimos meses del mandato de Luis H. Rodríguez, debido a que el computador donde reposaba la información se extravió. El funcionario precisó que la Contraloría municipal ya inició las labores de seguimiento con respecto al hecho.

El Secretario de Tránsito también indicó que el contrato al haber comprometido recursos que superaron tres vigencias presupuestales debía solicitar autorización al Concejo.

Sin embargo, la exsecretaria de Tránsito, Martha Pilonietta adjudicó este contrato de manera directa.

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Es de resaltar que la Contraloría en auditoría a este proceso estableció que se pudo haber incurrido en “la posible conducta unible de celebración de contratos sin los requisitos legales” debido a que la entidad “no debió” escoger la modalidad de contratación directa y de prestación de servicios, sino ceñirse a los preceptos de la ley 80.

De igual manera que el contrato 2643 evidenciaba un presunto incumplimiento del principio de anualidad al sobrepasar cuatro vigencias presupuestales y por esto correría traslado a la Procuraduría Provincial.