Las deposiciones de los mil 600 internos del pabellón cinco de la cárcel de Picaleña a diario se ven expuestas en la calle de la supermanzana 4 manzana 1 del barrio Los Tunjos, por la sobresaturación del pozo y de la red de alcantarillado que debe atender solo a las 64 familias ubicadas allí.

Aunado a ello, las aguas negras supuran al interior de algunas viviendas.

Sin embargo, no hay una solución pronta para las familias, puesto que la responsabilidad recae en la Unidad de servicios penitenciarios (Uspec).

El gerente del Ibal, José Alberto Girón, hizo precisión que la empresa “nunca ha autorizado” la conexión de las aguas negras del Coiba a la red de alcantarillado del barrio Los Tunjos.

De acuerdo con la disponibilidad hidrosanitaria 030 del 24 de junio de 2006 entregada al centro penitenciario se estableció que las aguas negras debían ser conducidas al colector Doima, lo cual se incumplió al momento de culminar la construcción del área nueva del centro carcelario.

El director del Coiba, Robely Trujillo Ávila, precisó que la Uspec es la responsable de destinar los recursos para corregir la infraestructura y dar cumplimiento a la disponibilidad hidrosanitaria del Ibal.

“Aquí tienen que llamar a la Uspec, que es la única responsable de la infraestructura, la creación, el manejo locativo, arreglos y el presupuesto. Son ellos los que tienen las quejas que me han presentado (...) de modo que la responsabilidad no es mía y en ese sentido de competencias y responsabilidades hay una gran diferencia”, sentenció.

Y agregó que lo que ha sucedido se dio porque las obras no fueron supervisadas y hoy se están pagando las consecuencias.

Alejandra Vargas, afectada del sector, expresó su preocupación por la posición del Director del Coiba, quien eximió su responsabilidad, porque solo cumple funciones administrativas.

“Como habitantes del sector ya estamos cansados y ya no es preocupante, sino angustiante la situación de saber que por los patios de las casas y las duchas de los baños se estén filtrando esas aguas. Como ciudadanos interpusimos una acción popular que ya fue admitida por el juzgado Sexto administrativo. De verdad me preocupa lo que dijo el Director de la cárcel (...) Llevamos cuatro años con esta situación. No es posible que nosotros debamos vivir en esa situación tan degradante”, se quejó.

El concejal Camilo Delgado, citante del debate de control político, señaló como alternativa que el Ibal inicie el proceso por conexión fraudulenta al Inpec para que se dé una solución pronta a la comunidad.

Girón hizo hincapié que la empresa debe respetar el debido proceso, y por ello se le notificó al Inpec del inicio del proceso, por lo cual se debe esperar la respuesta del usuario para iniciar la controversia.