La Contraloría estableció seis hallazgos administrativos, tres con alcance sancionatorio en la Personería municipal para la vigencia 2017.

El órgano de control fiscal calificó como desfavorable la gestión de la Personería en materia contractual, ya que se registraron deficiencias tanto en la etapa precontractual como en las labores de interventoría y seguimiento.

En cuanto a la gestión fiscal se determinó que no hubo un buen manejo del presupuesto, y calificó como ineficiente el manejo de los gastos de nómina debido a la falta de planeación, lo que podría conllevar a acciones de tipo disciplinario.

Es de resaltar que entre los hallazgos está la ejecución del contrato 62 de 2017, cuyo objeto era el mantenimiento correctivo de los dos vehículos de la entidad, incluyendo el suministro de repuestos.

Según la auditoría, en los estudios previos no se hizo claridad frente a que los repuestos debían ser originales, además que los elementos inservibles fueron llevados a la Personería sin que se efectuara el debido proceso para chatarrización y poder tramitar su venta, por lo que fueron arrojados a la basura.

Según la Contraloría, “la Personería podría estar incurriendo en presuntos sobrecostos y pérdida de recursos por falta de venta de inservibles, igualmente por la falta de supervisión en dicho contrato, lo que podría conllevar a faltas administrativas con incidencias disciplinarias”.

De igual manera se detallan irregularidades en la firma del convenio interinstitucional 047 de 2017 con la caja de compensación Comfatolima, para desarrollar actividades de bienestar a los empleados de la entidad.

Según la Contraloría se estarían vulnerando los principios de igualdad, economía e imparcialidad al suscribir el convenio bajo esta modalidad cuando debió hacerse como contrato interadministrativo.

Así mismo, se precisa que la Personería aportó la suma de 60 millones de pesos, mientras que la entidad sin ánimo de lucro $6 millones, es decir el 10% del total del convenio.

Para la Contraloría se debió exigir el 30% “en dinero y no en especie”, incurriendo en una presunta irregularidad.

Se dedicó a contratar OPS

De la misma manera se reitera que en 13 contratos la Personería omitió la formulación de los estudios del sector, tanto para la contratación de mínima cuantía como directa, por lo que se estaría en un presunto incumplimiento de los requisitos de la fase precontractual.

No obstante, también se resalta el incremento en un 36.72% con respecto a 2016, en los gastos de servicios indirectos técnicos y profesional lo cual podría conllevar a una sanción de índole disciplinario.

Según la Contraloría se hicieron varias modificaciones al presupuesto inicial y se hicieron traslados presupuestales para adicionar el rubro de las OPS comprometiendo un total de 317 millones 578 mil pesos.

Es de resaltar que el personero Camilo Ossa, solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría indagar presuntas irregularidades en la contratación durante la gestión de Arbeláez.

La Contraloría determinó que en enero de este año mediante resolución se efectuó un traslado presupuestal que afectó la nómina y pensiones de los funcionarios, para acreditar la remuneración del personal técnico y profesional, dejando comprometida toda la contratación de la vigencia, pero la gran mayoría con contratos solo hasta julio y algunos hasta diciembre.

La desfinanciación ascendía a los $178 millones, pero que a septiembre se redujo a cinco millones 433 mil pesos, producto de la incorporación de recursos por parte de la Alcaldía de Ibagué.

La Contraloría estableció este hallazgo como administrativo con alcance disciplinario.