Convertido en acuerdo municipal quedó el proyecto con que se pretendía acatar la decisión tomada por los habitantes de Piedras el pasado 28 de julio al término de la consulta popular llevada a cabo en dicha población.
Ocho votos de nueve posibles fueron necesarios para que el Concejo aprobara el documento el pasado miércoles en la noche, tras un proceso marcado por el candente debate desarrollado el día anterior.
Según informó el presidente de la Corporación, Jhon Freddy Trujillo, ahora el documento será sancionado por el alcalde Arquímedes Ávila Rondón, en un plazo máximo de 10 días, para ratificar dicha condición.
Lo anterior, tal como lo indicó el concejal, con el fin de que “adopte las medidas necesarias para acatar la voluntad del pueblo y acatar el resultado de la consulta popular”.
En términos generales
Tal como se había anunciado el pasado miércoles, el verbo rector del acuerdo definitivo no será “prohibir las actividades de minería”, sino “adoptar la decisión del pueblo”, con una muy clara justificación.
“Nuestra función no puede ser prohibir. La misma Ley 685 (de 2001) y el Decreto 0934 (de 2013) expedidos por el Gobierno nos restringen la prohibición de las actividades mineras, pero lo que sí podemos hacer, según el artículo 56 de la Ley 134 (de 1994, sobre Participación ciudadana), es adoptar el resultado”, explicó.
El veredicto de los piedrunos, según agregó, “fue limpio, soberano y enmarcado en la Constitución”.
De otra parte, Trujillo informó que la única cabildante que votó en contra el proyecto fue Maricely Devia, al parecer por discordancias con el debate del martes y por problemas personales, algo que esta redacción no pudo confirmar con ella.
Otro de los puntos que quedan de este documento, según el concejal, es la importancia que ejercería para modificaciones en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, en el que “es una herramienta importante”.
Por último, respecto a la comunicación que exista con empresas como la multinacional Anglogold Ashanti, Trujillo dijo que “no hay información directa porque la comunicación desde el principio ha sido mala”.
Sin embargo, “lo que han dicho empleados en (el corregimiento) Doima es que la compañía aún no se va (…). No sé qué opinión tengan con respecto a la aprobación de ayer (el miércoles)”, concluyó.
Y puntualizó, también: “Quisiera hacer un llamado al Gobierno nacional para que acate y respete la voluntad del pueblo y el acto administrativo aprobado".
El verbo rector definitivo del acto administrativo es “adoptar la decisión del pueblo”, tal como se había anticipado. En máximo 10 días se espera la sanción del Alcalde.
Credito
HERNÁN CAMILO YEPES VÁSQUEZ-REDACCIÓN EL NUEVO DÍA
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