En el pliego de condiciones, la minga señala la derogatoria de los permisos, títulos y concesiones mineras que se han adjudicado en sus territorios de los que señalan ser “los dueños del suelo, subsuelo y recursos que se albergan en sus territorios”.

Los indígenas solicitaron a Cortolima y a la Autoridad de Nacional de Licencias Ambientales no otorgar los respectivos permisos de exploración y/o explotación mientras no se ejecuten de manera completa y técnica las respectivas consultas previas, libres e informadas como planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas con estos.

Así mismo, detener el proceso hasta tanto no se haga el censo de mineros artesanales o de subsistencia y se acompañe a la comunidad en asesoramiento técnico; evitando la entrega del subsuelo a empresas foráneas u extranjeras.

La comunidad indígena exhortó al gobernador Luis Carlos Delgado Peñón a convocar una consulta popular que permita a los tolimenses decidir el rumbo productivo y sociocultural del Departamento como también tener en cuenta las voces de las comunidades, lo que denominan la licencia social.

Una realidad difícil de negociar

Con el anuncio hecho por el Gobierno de restar potestad a las regiones sobre la facultad de decidir en proyectos de megaminería en sus territorios, los llamados de las comunidades indígenas parecen desvanecerse.

En el pliego de condiciones que negocia la Onic con el Gobierno, los indígenas exigen la creación de una Ley Nacional que permita prohibir la minería en zona productoras de alimentos, cuencas hidrográficas, territorios indígenas y ecosistemas altoandinos.

La minga por el Tolima objetó las concesiones mineras en al menos 80 mil hectáreas comprendidas entre Natagaima y Ataco, los 12 kilómetros sobre el valle aluvial del río Saldaña, “como también el impacto indirecto de la minería a cielo abierto que piensa implementar AngloGold Ashanti en varios municipios del Departamento y el resto de concesiones sobre la cordillera central y el Valle del Magdalena”.

No obstante, las comunidades advierten que “no van a aceptar que se entregue licencias a estos proyectos que van en contravía de las actividades de subsistencia de las comunidades”.

Los mas de mil indígenas que aún están en el casco urbano de Saldaña esperan la orden nacional para regresar a sus territorios. Sin embargo, la minería será punto clave en la negociación.