La falta de garantías para ejercer el periodismo en los municipios es una de las preocupaciones que se plantea desde el programa de Comunicación Social de la Universidad del Tolima, pues en lo corrido del año se han registrado hechos de posible censura, amenazas a periodistas, al igual que, relaciones tensas entre gobiernos locales y medios comunitarios.

Para Marisol Mesa, docente y directora del programa, dichas situaciones pueden afectar la libertad de expresión y la formación de opinión pública en el territorio.

“Se requiere un observatorio de medios inmediatamente, también una maestría en comunicación o derechos humanos, porque creemos que es urgente e importante para nuestra región y el sur del país”, opinó Mesa.

Otra de las conclusiones a las que se ha llegado desde la academia, es que los comunicadores de la región se sienten desprotegidos para adelantar su actividad diariamente, igualmente, se desconoce los avances de las investigaciones que adelantan los entes de control, por lo que se requiere mayor efectividad.

Verdades que incomodan

Las radios comunitarias se convirtieron en el aliado de los habitantes de la zona rural, pues a través de ellas, dan a conocer las necesidades de su territorio, sin embargo, existirían municipios en el Tolima en donde las denuncias ciudadanas son vistas como ataques por los mandatarios de turno.

“Desde las emisoras comunitarias lo que se ha percibido es que esa labor, que es propia y obligatoria, (termine en) cómo cerrarle el canal a la gente, cómo cerrarle el micrófono a la gente para que no diga, pero precisamente, para eso están los medios comunitarios.

“Hemos encontrado a algunos mandatarios locales que les molesta, porque sienten que los están afectando, los están persiguiendo o les quieren hacer un daño a su administración”, precisó la docente.

Añadió que el objetivo es exponer las necesidades, dificultades y logros de las poblaciones.

Y entre los argumentos que utilizarían los funcionarios públicos para intimidar a los comunicadores va desde el retiro de la publicidad institucional hasta el cierre de las emisoras.

Sobre este último, Marisol Mesa, explicó que el único que tiene el alcance para determinar si un medio comunitario continúa o se cierra es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, alcaldes ni gobernadores tienen esa potestad.

En cuanto a la parte del Tolima en donde se han visto casos en los que se dificulta la labor periodística “de acuerdo con lo que hemos visto está más presente en el sur, es lo que hemos escuchado”.

El tema fue abordado esta semana en la asamblea ordinaria de la red de emisoras comunitarias Red Pijao Miguel Marín, de allí salió la tarea de buscar el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, Pecolper y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se propuso un encuentro académico para analizar los casos, al igual que adelantar un foro para hablar sobre el futuro de la radio comunitaria y de interés público en el posacuerdo.

Finalmente, Mesa comentó que los periodistas de las poblaciones tienen bastantes dificultades, “son personas admirables porque son ellos los que están allí, gastando los zapatos caminando las veredas para hacer sus cubrimientos.

“Son los que están ahí, los que los tienen de vecinos, son el soporte de los medios de Ibagué”.

Registros

A mediados de enero, se conoció el conflicto entre el director de la emisora comunitaria de Natagaima, Roque Arcángel Rodríguez, y el alcalde Jesús Alberto Manios, en este entonces, el mandatario manifestó tener la intención de intervenir en la programación del medio, pues veía que el trabajo que se realizaba allí era una “persecución”.

Mientras que Rodríguez reiteró, que solo buscaba hacer control y un intermediario para la comunidad.

Luego, comenzando abril, el envío aparentemente involuntario de un ‘meme’ por parte de una concejal de Natagaima al periodista Juan Sebastián Valencia, fue denunciado como una amenaza.

Y esta semana se conoció el caso del comunicador Jorge Eliécer Conde, quien recibió una amenaza por parte de una persona que lo responsabilizó de una publicación hecha a través de un perfil de Facebook llamado Planadas Hoy.

Sobre este último caso, se pronunció la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper y solicitó a la Unidad Nacional de Protección realizar los estudios de nivel de riesgo en tiempos prioritarios y brindar garantías para la seguridad de los periodistas.

CUANDO LA PUBLICIDAD JUEGA EN CONTRA

El periodista Rodrigo Callejas, indicó que años atrás la preocupación eran los grupos ilegales y luego se empezó a tener problemas por denunciar hechos de corrupción, “la presión de algunos funcionarios que no aceptan el concepto de verdad, la denuncia de la corrupción, el manejo de algunas situaciones y la presión de esos grupos, hace que haya una autocensura”. Otra de las formas de presionar es por medio de las pautas publicitarias, la cual continuaría siendo 'un pastel' que se le entrega a quien hable bien y se le quite a quien denuncia. “El deber ser de un periodista es denunciar con las pruebas en la mano, con la responsabilidad que nos atañe, pero eso no implica que se deba amenazar y atentar contra la libertad de prensa”. Al preguntarle a Callejas cuáles considera que son las partes de la región que menos ofrece garantías para dicha labor, respondió “en el norte se presentan situaciones complicadas, un poco vedadas. El pastel de la pauta publicitaria se quita o se pone, lo conocemos en Ibagué, en el norte, centro y situaciones en el sur. No es generalizado, pero hay casos que se están presentando en varios sectores”.