Con la frase “Villarrica también hace parte del Tolima” llegó un grupo de habitantes que reclamó ante la Asamblea departamental el olvido en que se tiene a esta población, pues consideran que aunque ya se tiene un informe de riesgo físico del Servicio Geológico Colombiano, los entes territoriales no se arriesgan a tomar decisiones de fondo.

En dos sesiones de debate de control político, los asambleístas escucharon las intervenciones de los delegados de entidades como el Servicio Geológico Colombiano, Cortolima, la Secretaría de Gestión del Riesgo, la Personería y Asojuntas, todas las versiones tuvieron como punto en común el alto nivel de riesgo que tiene el 83% del casco urbano y que hace falta con urgencia del apoyo del Gobierno nacional.

Y es que a pesar de las alertas, del deterioro del pueblo, de las tres últimas emergencias provocadas por la quebrada El Botadero, los tres decretos de urgencia manifiesta y cuatro de calamidad pública emitidos entre el 2010 y 2017, las medidas de mitigación del riesgo no llegan.

Además se suma una acción popular instaurada en 2014 por la Defensoría del Pueblo en contra de Cortolima, la Gobernación, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Villarrica y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Por ello, el personero municipal, Cesar Lozano, hizo un llamado a los gobiernos departamental y nacional, para que con el estudio del Servicio Geológico Colombiano en la mano se resuelva pronto la encrucijada de invertir en mitigar el riesgo o reubicar a la población.

“Si se debe quedar (el municipio) en donde está que se hagan las obras y se defina el costo, y si se debe reubicar, determinar el valor, (…) actualmente, eso es lo que se está presionando”, dijo Lozano.

El Personero agregó que si se da el traslado se exige al Gobierno nacional que garantice los servicios públicos básicos, el alcantarillado (actualmente colapsado) y agua potable.

La ‘presión’ la viene ejerciendo la Personería, la Gerencia departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República; la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria; y la Defensoría del Pueblo, entes que emitieron “un pronunciamiento en donde estamos exigiendo a todas las autoridades a nivel municipal, departamental y nacional, que tomen una decisión”.

Una voz de auxilio sin eco

En el debate de control, el jefe de la cartera de Ambiente y Gestión del Riesgo, Alonso Parra, dio un balance de las acciones implementadas en los últimos meses, entre ellas se cuentan las capacitaciones a la comunidad, entrega de ayudas, asesoría técnica, instalación de alertas tempranas y la estructuración de proyectos para la adquisición de un carro de bomberos y una ambulancia.

Asimismo, informó a todos los ministerios, al igual que, a la Ungrd la situación, “se le envío al director nacional de la Ungrd, Carlos Iván Márquez, la solicitud del acompañamiento de la Unidad para que realicemos este plan, porque no es fácil, lleva su tiempo, necesita estudios y una inversión demasiado grande (…).

“Se le envío a todos los ministerios, explicándoles la problemática del municipio y porque se nos desborda de las capacidades la realización de las obras, se les explicó que estamos realizando el plan de emergencia. Nos contestó solamente un ministerio”, explicó Parra.

Pero la respuesta de la Ungrd no fue más alentadora, pues dieron a entender que “esto está en manos del Departamento y el Municipio”, agregó el funcionario.

A la desoladora realidad, se le suma el hecho que la Secretaría encargada de mitigar y afrontar emergencias a nivel regional, se quedó sin presupuesto.

Una inversión para reducir la amenaza

De otra parte, el subdirector de Planeación de Cortolima, Carlos Arturo Mora, en su intervención explicó las acciones que se deben implementar para evitar impactos negativos, entre ellas estaría el encauzamiento de la quebrada El Botadero, en este punto se tiene como avance la disposición de $157 millones para adelantar un estudio hidráulico que precise qué obras se deben adelantar.

También es necesario establecer acciones sobre el río Cuindicito, como proteger la ribera, porque está generando problemas de socavación, el reto es buscar los recursos.

Y sobre la pregunta si puede haber inversión pública en Villarrica, “en criterio de la Corporación se requiere unas acciones que permitan mitigar el riesgo inmediato de algunos de los pobladores y este es un caso, la necesidad de evitar que haya nuevas tragedias físicas y sobre todo humanas en el municipio”, precisó el funcionario.

En total se necesitarían $103 mil millones para crear las obras que permitan controlar el agua que afecta el subsuelo de este territorio.

No obstante, Cortolima hizo la precisión que todas estas acciones son temporales, pues así se intervenga la amenaza y la vulnerabilidad, el riesgo no desaparecerá, razón por la cual recomendó comparar los costos de mitigación y reubicación y definir la mejor salida.

Mora agregó, “está claro que mientras podemos ir construyendo en las zonas de amenaza media, hay que mitigar el riesgo existente y (…) al tiempo se debe pensar en soluciones de fondo”.

Avances en el EOT

Cortolima añadió que es necesario la reubicación de 180 familias ahora, por lo que se necesita incorporar jurídicamente las zonas rurales de amenaza baja al Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT.

“El llamado que hace la corporación hoy, es que las entidades territoriales deben tomar las medidas jurídicas que permitan que esos terrenos que se van a incorporar sean afectados, por ejemplo, como zonas de interés público”.

La precisión del funcionario se orienta a evitar una especulación en el valor de la tierra. Se espera que el proyecto de modificación del EOT esté radicado en mayo.

La propuesta del Conpes

Tanto los entes de control como la Administración municipal y departamental, han enviado varios oficios al presidente Juan Manuel Santos, a la Ungrd, al igual que a los ministerios de Ambiente, Salud, Vivienda y Hacienda, sin embargo, la novedad del mensaje de la Duma es la solicitud de un Conpes.

Los diputados Jorge Duque, Martha Amaya y Graciela Vergara, explicaron que así se busca exigir las acciones administrativas, legales y económicas para priorizar el municipio, y garantizar el total de los recursos para la reubicación y mitigación del riesgo.

La idea es “a través de un documento Conpes que financie la implementación de un plan de acción integral de contingencia, solicitamos urgentemente un encuentro interministerial que atienda una delegación del Gobierno y la Asamblea departamental, al igual que, la representación política del Tolima, con el objetivo analizar la situación y se tomen de manera urgente y oportuna las decisiones para Villarrica”, explicó Duque.

La iniciativa deberá ir con un documento del Departamento y el Municipio en el que se declare la zona como un área de riesgo no mitigable, así se evitaría que el Gobierno nacional se vuelva a ‘lavar las manos’.

Ante las dudas y temores jurídicos que existen alrededor del tema, “el Gobierno tiene todos los elementos técnicos de un estudio que soporta la decisión, porque el 84% del territorio estudiado de las 109 hectáreas de la zona urbana y más de tres mil 600 hectáreas de la zona rural, determinaron que ese 84% se encuentra en zona de riesgo alto y medio”, agregó Duque.

Vergara añadió que no pueden haber dudas por parte de la Administración seccional y local pues se cuenta con un sustento, por lo que “al Gobierno nacional hay que exigirle que cumplan y que bajo la responsabilidad de ellos está la vida de los seis mil habitantes de Villarrica”.

‘Necesitamos que nos apoyen’

El presidente del Concejo de Villarrica, Manuel Enrique Moreno, y el representante de Asojuntas, José Oswaldo Montilla, expresaron que a pesar del listado de intervenciones que se relacionó por diferentes sectores durante la sesión en el municipio no las sienten, por lo que pidieron a los asambleístas intermediar ante el Gobierno nacional, para que su voz de auxilio sea escuchada.

“Lo que necesitamos como pobladores de Villarrica es que el Gobierno realmente nos aplique los recursos necesarios para solucionar al menos, los problemas a las familias que están en alto riesgo, así sea por etapas. No vemos el empeño ni del Gobierno departamental o nacional. Nos consideramos abandonados en este momento”, comentó el cabildante.

Mientras que Montilla resumió su intervención indicando que solo espera que el debate sirva para que los diputados intermedien y finalmente lleguen las soluciones, “que le vamos a hablar al Gobierno nacional directamente si acá no está”.

¿Qué puede hacer la Asamblea?

El asambleísta Luis Fernando Lombo manifestó que no se puede ordenar la reubicación del pueblo, pero sí intervenir para que se adopten acciones que eviten tragedias como la de Armero en 1985 o Gramalote (Norte del Santander) en 2010.

Álvaro Ramírez, indicó que el informe está claro, no se puede invertir en zonas de alto riesgo, “entonces que esperamos, que nos toque vivir la tragedia y llorar y llevar los heridos a Ibagué o Bogotá”.

También que es indispensable mitigar los daños de la infraestructura, por lo que cuestionó la ausencia del secretario Andrés Hurtado, quien se habría excusado diciendo que el tema no es de su correspondencia.

“No sé cómo identificarlo si como el hombre de las obras o el secretario de Infraestructura, que se defina, pero aquí hay problemas, la gente ha reclamado la vía, el acueducto y el alcantarillado, venga y ponga la cara y diga que no se puede hacer porque es costoso y en zona de riesgo, eso es infraestructura”, dijo Ramírez en su intervención.

El asambleísta preguntó si además de las ‘las quejas y lamentos’ se está buscando ayudas con la comunidad internacional, pues problemáticas como no tener un hospital, un colegio o agua potable no dan más espera.

“Por qué no decirle al Gobierno nacional, necesitamos que los trasladen, pero no que les den mercados, no que les den velas, no que les den subsidios para viviendas o cobijas”.

Por su parte, el diputado Jaime Ospina Galindo, comentó que la propuesta de un proyecto de ordenanza que entregue al municipio un predio que estaba destinado para una base militar, debe ir acompañado de un estudio que defina si es acto o no para construir viviendas, del mismo modo, es necesario tener en cuenta el predio al momento de modificar el EOT.

“Debemos pronunciarnos a través de la Mesa Directiva o como lo consideren, reclamando determinación, acciones inmediatas al Gobierno nacional, no esperemos más la tragedia para acordarnos de un Conpes”, dijo Galindo.

Mientras que el asambleísta Milton Restrepo recordó que el municipio fue visibilizada por el Gobierno nacional en 2016, época en la que sonó como posible zona transitoria veredal de las Farc. “Para ese momento Villarrica no estaba en riesgo, se le podía hacer inversión, le iban a meter alcantarillado, Villarrica iba a tener un plan departamental de aguas, en su momento era importante”.

Finalmente, el diputado Carlos Reyes, basado en el estudio del Servicio Geológico Colombiano, dijo que se debe exigir la reubicación del casco urbano, para ello es necesario declarar la zona urbana como área de alto riesgo no mitigable y convocar al Gobierno nacional a tomar medidas definitivas para adelantar las labores requeridas, esto sin dejar a un lado las medidas de mitigación.