En debate de control político al proceso de intervención que tiene la Superintendencia Nacional de Salud sobre el hospital Federico Lleras Acosta, se concluyó que se evaluará la posibilidad de extender temporalmente la administración forzosa, pues en opinión del superintendente Fabio Aristizábal, el hospital es del departamento y debe ser manejado por este.

“Voy a dar una prórroga en contra de mi voluntad, no quiero hospitales administrados por la superintendencia, no es mi rol, no puedo seguir asumiendo esos riesgos, los hospitales son departamentales”.

Aristizábal agregó que hará la excepción, porque no ha recibido denuncias de corrupción en la administración que adelanta la agente interventora Inés Loaiza.

“Voy a negociar con el Gobernador (Óscar Barreto), voy a analizar, pues deben recordar que eso va a un comité de medidas especiales, no puedo anunciar la toma de una medida adicional o una resolución”, dijo.

Y aunque los diputados pidieron que la intervención se extendiera un año más, el funcionario dijo en su intervención ante la duma que sería por menos meses.

Ante las inquietudes que hay en las cifras que se manejan alrededor del Federico Lleras Acosta, el Superintendente anunció que se adelantará una auditoría “para que cuando llegue el día de devolverlo, los tolimenses no me vayan a decir que lo entregué quebrado”.

Un hospital ‘sobre ruedas’

Otra preocupación que recae sobre el principal centro hospitalario del Tolima, son los procesos jurídicos que quedaron congelados tras la intervención, sobre ello Aristizábal dijo que hay una discrepancia porque “las demandas ejecutivas oscilan entre $3 mil y $4 mil millones, sería la última que queda viva. Les acabamos de adjudicar $15 mil millones para terminar de sanear el pasivo que tiene el hospital, con eso el hospital queda sobre ruedas”.

Y en lo que respecta a las demandas que alcanzarían los $130 mil millones, precisó que con o sin intervención van a continuar, “las que prestan mérito ejecutivo que creo, son poquitas, no le van a hacer mella al (Federico Lleras), me angustian más las de responsabilidad civil médica”, añadió el Superintendente.

El ‘dolor de cabeza’ de las EPS

La dirigencia política, los sindicatos y los usuarios, le solicitaron a la Superintendencia ser más fuerte con las EPS y que las obligara a pagar, a lo que Aristizábal respondió “me voy a encargar de apretar las EPS y sacar las que no funcionan, también, a ayudar para que los giros lleguen, pero ustedes tengan mucho cuidado, porque así como voy sacar EPS, voy por la cabeza de gerentes y secretarios que no le estén cumpliendo al país”.

El ‘Super’, también dijo que actualmente hay un proyecto de Ley que cursa ante el Senado, con el que se busca establecer multas más fuertes a aquellas EPS que incumplan con los compromisos de pagos.

De otra parte, una de las propuestas de la Asamblea es que el Gobierno nacional, responda por las deudas que dejaron estas entidades a la red hospitalaria, a lo que Aristizábal respondió que es difícil, teniendo en cuenta el déficit que hay actualmente en las finanzas del país.

Venta de El Limonar se debe adelantar

Por otra parte, otro llamado unánime es que se detenga la venta de este inmueble avaluado en $70 mil millones, sobre el ello, el ‘Super’ explicó que la sede La Francia tiene una ocupación del 80%, razón por la cual se hace necesario fortalecerlo, por ello, también se necesitan los dineros que quedaron destinados por ordenanza.

“El Gobierno (departamental) se comprometió a una plata, secretaria (de Planeación) me tiene que ayudar a que esos $20 mil millones los paguen, porque eso no es solamente pidiendo, eso es poniendo”.

Añadió, que recuperar El Limonar costaría cerca de $60 mil millones, por lo que “prefiero tener el Federico Lleras (sede Francia) trabajando al 100%, tener tercer nivel a full capacidad, que recuperar El Limonar.

“La plata no sería para pagar pasivos, si se vende, es para invertirla en la tecnología e infraestructura del Federico Lleras”.

Las intervenciones

Al debate asistieron los representantes a la Cámara Ángel María Gaitán (Liberal) y José Hélver Hernández, también la senadora Ana Paola Agudelo (Mira), quienes indicaron que la prórroga de la intervención es necesaria porque aunque el servicio ha mejorado, hay un déficit operativo mensual, a lo que se le suman las demandas, que aunque sean $8 mil millones o más, no hay dinero para cancelarlo.

Del mismo modo, el sindicato Anthoc Nacional, en cabeza de su presidente, Yesid Camacho, expuso que el Federico Lleras durante los últimos años ha disminuido el recaudo de la cartera corriente, por ejemplo, en 2014 fue el 50.22%, en 2015 el 49%, 2016 36.62%, en 2017 el 39.5 y en 2018 va un promedio 42.63%, cifras que indicaría que no existe mejoría. Mientras que las secretarias de Salud del Tolima e Ibagué, explicaron que el Tolima pasa por un panorama complicado, teniendo en cuenta que está cerrada la Clínica Minerva, en Avidanti se dejó de prestar el servicio de unidad neonatal, la Clínica Metropolitana CMO, también dejó de operar a lo que se le suma el cierre de la unidad de urgencias de Medicádiz.

Y la secretaria de Planeación, Olga Alfonso, reiteró una vez más que las causales de la intervención no están superadas.