“Miremos qué está haciendo el Gobierno por la implementación de los Acuerdos de Paz y cuál es su política de seguridad porque las denuncias de reclutamiento y los asesinatos hablan por sí solos del incumplimiento. Las víctimas y los líderes ahora son objetivo militar porque estamos codefendiendo los derechos de la gente”, advirtió Rocío Lozano, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas. 

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en 2016 produjo una mejora sustancial en el desescalamiento de la confrontación armada en los territorios que, como el sur del Tolima, fueron epicentro del conflicto, pero todo indica que las condiciones de seguridad se han deteriorado.

En principio, entre 2017 y 2018, la preocupación de las comunidades del sur se centró en el aumento de la delincuencia, el microtráfico y el consumo de drogas, por lo que diferentes voces, desde la academia y la sociedad civil, advirtieron lo que siempre debió estar claro: la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la guerra. 

Para el caso local, las autoridades han declarado que aunque el sur es un importante corredor de movilidad de organizaciones armadas ilegales que operan en departamentos vecinos, la seguridad se ha mantenido incólume. Sin embargo, algunos hechos suscitan una pregunta: ¿El sur y otras regiones del Tolima empiezan a vivir un nuevo ciclo de violencia?

¿Qué camino tomar?

Para Andrés Tafur, director del Centro de Estudios Regionales (Cere) de la Universidad del Tolima, no hay duda de que el sur se enfrenta a un nuevo escenario de la violencia que está relacionado con el proyecto de revivir las antiguas Farc: por un lado, está la columna móvil Dagoberto Ramos y, por el otro, el frente Ismael Ruiz.

“El Tolima no está separado por fronteras inquebrantables con otros departamentos sino que estos límites, por el contrario, son porosos y hacen parte de un territorio amplio que ha estado atravesado por violencias desde mitad de siglo 20 hasta hoy. Desde 2017 tenemos conocimiento de grafitis, panfletos y acciones delictivas de estos grupos, orientadas a levantar un movimiento guerrillero que tiene incidencia en el departamento”, explicó Tafur Villarreal.

De acuerdo con Andrés Tafur, el Gobierno departamental, más que tener un enfoque de reacción a los hechos de violencia, debe apostar por una política de prevención orientada a construir entornos seguros para las comunidades y sus líderes. 

“Orozco prometió una política de seguridad, pero no quedó como meta en el Plan de Desarrollo. Esa política debe tener un enfoque de derechos humanos, que toque los temas de drogas y conflicto armado y que incluya a la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y no se restrinja a lo que la Fuerza Pública dice en temas de seguridad”, indicó. 

El académico también lamentó que en el Plan de Desarrollo del Gobierno departamental no quedó contemplado un plan de acción para la política de derechos humanos y paz, como sí ocurrió con el plan de acción para la política de libertad de culto.  

“La Asamblea aprobó una política de paz y derechos humanos, pero no tiene un plan de acción para su implementación. Hay elementos como el Comité, el Consejo Departamental de Paz, Derechos Humanos y Reconciliación, y el Observatorio, pero todo eso se quedó en el papel”, afirmó.

Aprovechar la oportunidad histórica

Antonio Melo, exmiembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, dijo que el Tolima debe saber aprovechar los beneficios de la paz para que sus comunidades salgan del atraso histórico. Esto implica eliminar las condiciones que permitieron la prolongación de la violencia. 

“Habrá algunos conatos de presencia guerrillera que estén intentando ingresar, pero el colectivo está percibiendo los recursos de la paz. Por supuesto, años de conflicto y barbarie no se borran por decreto ni con la firma de un pacto ni se producen en un corto plazo, eso es un proceso a largo plazo, como a largo plazo fue el proceso de la guerra, que debe incluir a todos y que seguramente requiere de recursos y generosidad con la participación colectiva”, dijo.

Melo dijo que es momento de sacar provecho de la “tan cacareada situación estratégica del Tolima”, para atraer e impulsar el turismo especializado, sobre todo porque Tolima cuenta con un patrimonio ambiental y arquitectónico que no se ha explotado.

“No podemos dejar que la violencia surja en zonas antes consideradas como vedadas y en las que podemos brindar, por ejemplo, una infraestructura mínima confiable para el turismo o podamos producir teniendo el mercado de Bogotá aquí cerca. Eso implica colaboración entre el Gobierno y sector privado. Está todo listo para hacerse pero no se está haciendo”, agregó.

Más allá de la discusión que se ha planteado recientemente sobre si esos grupos son o no del Tolima, los informes del Cere apuntan a que ya ingresaron al departamento y prueba de ello son las incautaciones de droga y material de guerra, las capturas de hombres que pertenecen a esas estructuras y el reclutamiento de menores de edad. 

“Hay bastantes elementos para afirmar que esos grupos se han estado conformando y tienen una relación cercana con los del norte del Cauca, el occidente del Huila y el suroriente del Valle, y toda esa geografía colinda con el Tolima, entonces lo que hacen es entrar y salir. Acá hay elementos que están en ese proyecto de revivir a las Farc y el sur del Tolima es estratégico para el proyecto”, afirmó el docente e investigador. 

Ahora, es cierto que en el Tolima el deterioro de la seguridad y la violencia no se expresan al mismo nivel que otras regiones del país. Una explicación, según Tafur, es que el cultivo de drogas de uso ilícito no tiene tanta incidencia y las estructuras no se están disputando el control de las millonarias rentas que genera.

“Pero no podemos creer que por el hecho de que Tolima no tiene el mismo nivel de violencia de otros departamento, no está pasando nada acá y no puede empeorar mañana. Acá pueden pasar más cosas, porque Tolima es cada vez más una ruta estratégica para el tráfico de drogas”, comentó.

La seguridad y otros retrasos

En la misma línea, Hugo Rincón, director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Tolima (Tolipaz), ha advertido que el Estado no ha tenido la capacidad de copar los territorios, antes controlados por la insurgencia, con entidades civiles y militares que garanticen los derechos de los ciudadanos y potencien la transformación de estas zonas.

“Esto no se ha logrado porque el Estado dejó al garete estos territorios y en muchas casos han sido tomados por nuevos grupos armados ilegales. Para el caso del Tolima, la situación no se presenta de la misma manera, pero las organizaciones sociales y los líderes y lideresas plantean la presencia de grupos armados que muy seguramente, dicen ellos, son de las disidencias de las Farc”, afirmó. 

Para Rincón, el problema de seguridad originado por el accionar de los grupos armados

irregulares se ha vuelto nuevamente un dolor de cabeza y en el Tolima, aunque se creía un asunto superado, vuelve a ser una amenaza. “A pesar de las voces de las autoridades departamentales que afirman con vehemencia la inexistencia de grupos irregulares y disidencias de las Farc, los hechos que empieza a registrar la prensa indican lo contrario”, comentó. 

Un ejemplo de ello es el asesinato con armas de fuego de un hombre en la vereda Berlín, de Ataco, presuntamente por hombres del frente Ismael Ruiz. Su cuerpo apareció en zona rural con un letrero que decía “por sapo” y se atribuía el crimen a esta estructura.

“Consolidar la seguridad y afianzar una paz estable y duradera sigue siendo el reto en nuestra región. Llevar no solamente fuerza pública sino un estado social a las regiones olvidadas es el camino. La paz se construye con un desarrollo incluyente que trabaje en la superación de las desigualdades y del marginamiento histórico del campo”, señaló Rincón en su más reciente columna para este diario titulada ‘Ojo a la seguridad’.

Pero la violencia organizada no es el único tema que preocupa. De acuerdo con el director de Tolipaz, la implementación del Acuerdo de Paz, que contempla cinco puntos sustantivos, tiene grandes grandes lunares: “1) No se crearon las circunscripciones especiales de paz para las víctimas. 2) La desfinanciación de muchos aspectos contemplados en la Reforma Rural Integral. 3) La feroz arremetida del partido de gobierno y otros sectores de derecha contra la JEP y la Comisión de la Verdad. 4) El freno al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y por el contrario el interés del Gobierno de fumigar con glifosato. 5) el asesinato de más de 250 excombatientes de las Farc que le apostaron a la reincorporación a la vida civil, entre otros”.

Ante esto, Rincón sostuvo que la defensa irrestricta de los Acuerdos de Paz deben ser una constante de la sociedad civil, porque su consolidación supondrá la transformación de los territorios.

DATO

Organizaciones de la sociedad civil señalan que la violencia organizada continúa y se ha hecho más intensa en los últimos años, afectando la implementación del Acuerdo de Paz.