“La pérdida de investidura conlleva el retiro del cargo que viene ocupando el servidor público de elección popular, sin que esa situación por sí sola no genere inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, salvo que medie norma que así lo consagre expresamente, como en el caso de los Congresistas”, explica la Función Pública sobre el tema.

La demanda fue instaurada por el ciudadano Sebastián Maestre, con fundamento en la causal consagrada en el artículo 109 (inciso séptimo) de la Constitución Política, que establece: “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.

Por este motivo, el Consejo de Estado admitió la solicitud para iniciar con el proceso, y solicitó al senador para que dentro de los siguientes cinco días se refiera a lo expuesto en la solicitud y aporte o pida las pruebas que considere conducentes.