Fuentes del tribunal señalaron que se tomó la decisión al considerar que no se puede poner en riesgo el patrimonio de la Nación. Esto ocurrió después de que el 26 de mayo Enrique Daza, quien había puesto la demanda que suspendió el proceso, respondió los recursos de súplica ante el Consejo de Estado, interpuestos por el Ministerio de Minas y Energía, la directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Hacienda. 

Daza solicitó al Consejo de Estado mantener la medida cautelar que impide la venta de la generadora de energía hasta que no se emita un pronunciamiento de fondo y la respuesta jurídica argumentaba que el fin de la demanda es la protección del patrimonio público y la sostenibilidad fiscal, que son amparados por la Constitución colombiana.