El Tribunal Administrativo modificó la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito y ahora el Ejército, la Nación y el Ministerio de Defensa deberán cancelar a  Jesús María Perdomo la suma de cuatro millones 250 mil 282 pesos.

Perdomo, labriego de la zona rural de San Antonio fue herido en sus dos extremidades inferiores por soldados activos del Batallón de Infantería 17 General Caicedo adscritos a la Sexta Brigada, quienes patrullaban la zona e indicaron que habían sostenido un combate con la guerrilla.
            
¿Cómo pasó?
El 20 de agosto de 2005, Jesús María Perdomo y Álvaro Cárdenas Guzmán estaban en labores de  mantenimiento en el acueducto de la vereda El Diamante en la localidad de San Antonio.

Eran las 3:15 de la tarde cuando Perdomo y  Cárdenas llegaron hasta el acueducto ubicado en la finca El Agrado a reparar el tanque. Cada uno portaba una escopeta de fisto las cuales iban cargadas pero no tenían el fulminante puesto.

Entre tanto, a unos 200 metros, uniformados del batallón Caicedo adscrito a la Sexta Brigada de Ibagué, dispararon contra los campesinos “simulando o fingiendo la existencia de un combate sostenido supuestamente con la guerrilla”.

Perdomo cayó al suelo cuando fue impactado en su pierna derecha, razón por la que su compañero Cárdenas tuvo que arrastrarlo por algunos metros. Pero esto no fue suficiente. Perdomo recibió un nuevo disparo esta vez en su pierna izquierda.

Los dos hombres de San Antonio gritaron en reiteradas ocasiones a los soldados que no siguieran disparando porque ellos eran campesinos. Al ver que no cesaba el fuego, Cárdenas “escapó por un filo y fue a pedir apoyo a los vecinos”.

El Ejército respondió
En cuanto a los hechos, el Ejército lo único que expresó fue que la tropa está “entrenada para entrar en combate cuando las circunstancias de tiempo, modo y lugar así lo ameriten y no con el fin de lesionar, caprichosa o arbitrariamente a un ciudadano”.

Aun así un campesino resultó herido en sus dos piernas por disparos que los mismos uniformados de la Sexta Brigada perpetraron.

Otro caso
Grupo Gaula del Ejército sería investigado
Ante la Jueza Séptima de Garantías, la Fiscalía Especializada solicitó el envío al Consejo de la Judicatura para plantear el conflicto de competencias sobre un proceso que conoce en la actualidad un juzgado de instrucción militar.

Los hechos tienen que ver con la muerte, en un supuesto combate, de Jorge Solano Pérez, Olbeín Sánchez Gutiérrez y Andrés Enrique Jiménez Lugo, quienes fueron abatidos en la vereda Campo Alegre del municipio de San Luis, a manos del grupo Gaula Tolima, el 19 de junio de 2008, cuando atendían un caso de extorsión que fue denunciado por Lorenzo Antenor Quimbayo.

Aunque en el lugar se incautaron dos subametralladoras y un revólver, que fueron accionadas, las pruebas de absorción atómica arrojaron que los obitados no presentaban residuos de pólvora en sus manos, lo que indica que no dispararon.
Además, la esposa de una de las víctimas, Olbeín Sánchez, dijo que su allegado no podía caminar y se ayudaba con muletas, pero que el día de los hechos fue cargado por unos hombres a un carro, quienes le iban a vender una herramienta a buen precio.

Por la presunta ejecución extrajudicial están siendo investigados el capitán Antonio Monzón, cuatro soldados profesionales, y el servidor público Carlos Arturo Guarnizo Rodríguez.

Es de recordar que elementos del grupo Gaula fueron condenados en otro proceso por la denominada ‘Masacre de Totumo’, y son investigados por operativos irregulares en el sector de Chembe, Potrerito en Ibagué y otras 70 muertes dudosas.