La Corte encontró infundados los argumentos de la defensa de Córdoba Ruiz según los cuales el fallo del Ministerio Público violaba los derechos a la vida, al buen nombre y al debido proceso y la presunción de inocencia de la dirigente política. 

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en fallo de 2008 destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc grupo ilegal al que supuestamente asesoró políticamente. 

Las afirmaciones de Ordóñez se basaban en los computadores de alias ‘Raúl Reyes’, el llamado ‘Canciller de las Farc’, abatido en marzo de 2008, durante la ‘Operación Fénix’ que se desarrolló en territorio ecuatoriano. 

En los computadores las Farc se referían a Piedad Córdoba con el apelativo de ‘Teodora Bolívar’, y buscaban su concurso para hacerles llegar pruebas de supervivencia a las familias de varios secuestrados. 

Por esa razón, el Ministerio Público encontró que Córdoba Ruiz se había extralimitado en sus funciones como Senadora de la República, hecho que calificó como “falta gravísima”, y tomó la decisión de destituirla y sancionarla por 18 años. 

No obstante, en agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso jurídico la información contenida en los computadores de ‘Raúl Reyes’ al advertir que no se guardó la cadena de custodia ni se guardaron los protocolos de seguridad que deben observarse en ese tipo de operaciones militares. 

Con base en esa consideración, que tumbó los procesos abiertos por la llamada Farcpolítica’, fue que la defensa de la exsenadora interpuso la acción de tutela. 

La decisión de la Corte, que se tomó cuatro sesiones de Sala Plena y tuvo como ponente al magistrado Jorge Iván Palacio, presidente del alto tribunal, se adoptó con una votación de 7 a 2. Los únicos que respaldaron la tutela fueron los magistrados Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle. 

Con la decisión, la Corte ratificó la facultad de la Procuraduría General de la Nación para investigar disciplinariamente y sancionar inclusive con destitución a los altos funcionarios del Estado, incluyendo los de elección popular. 

Pese al revés jurídico, que al menos en las instancias nacionales no tienen más recursos, el caso será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunció la abogada Ximena Castillo, apoderada de Córdoba.