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Mientras que el país escuchó durante la última semana las decisiones del gobierno de Gustavo Petro sobre la extradición de delincuentes, los nuevos altos mandos descabezados en la Policía y el Ejército, un paso más para el restablecimiento de las relaciones con Venezuela o la criticada visita del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, se iba gestando lo que puede llegar a ser la primera protesta social al nuevo mandatario.
Con tan solo 20 días al frente del país, el gobierno de Petro ya tuvo que prender las alarmas por varios hechos de orden público, la mayoría liderados por indígenas. Tomas de predios privados como reclamo a sus derechos o el tradicional bloqueo de vías, como lo es la que conduce al puerto de Buenaventura, han obligado a que el Gobierno y las autoridades dispongan de un plan para frenar esas protestas.
Y es que lo ocurrido en estas tres semanas tiene por qué ser de preocupación. Por ejemplo, el domingo 21 de agosto, al menos, unas 150 personas invadieron una finca ganadera y palmera ubicada en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar.
Algo similar, pero en mayores proporciones, está pasando en el Cauca, en donde se han denunciado invasiones de tierras por parte de los indígenas en fincas privadas productoras de caña en los municipios de Caloto, Guachené y Miranda, bajo la idea que son terrenos que les han usurpado los azucareros durante décadas.
El analista Luis Estrada, asegura que esas acciones de los indígenas van en la línea con lo que el entonces candidato Petro dijo en campaña, sobre que los terrenos improductivos deben ser entregados a los campesinos e indígenas desprotegidos.
“Hay un mensaje equivocado que ha dado el propio presidente Petro sobre el uso de este tipo de tierras, por ejemplo, que los predios decomisados por la Sociedad de Activos Especiales deben pasar al uso de los campesinos para que los usen”, indicó el analista.
Durante esta semana, en Dagua, Valle del Cauca, un grupo de, al menos, 200 personas ocuparon la Hacienda Caballo Loco, ubicada en el corregimiento de Borrero Ayerbe, que ha funcionado por más de 15 años como un albergue que tiene la Fundación Paz Animal, en donde dan atención a perros, gatos, caballos y cerdos, muchos de los cuales huyeron del lugar ante la toma a la fuerza por parte de los ocupantes, quienes aseguraban que por ser un lote a cargo de la SAE les corresponde.
Ante la invasión, las autoridades locales, en cabeza de la alcaldesa Ana María Sanclemente, tuvieron que suscribir un documento con los campesinos de la zona, en donde se comprometen a dar el apoyo institucional para que puedan solicitar la entrega de ese u otro predio para su cultivo.
El tema es de tal preocupación, que la principal funcionaria que tendrá bajo su responsabilidad el tema de la equidad de la tierra en la eventual reforma agraria se pronunció frente a lo que viene ocurriendo en diferentes regiones del país.
La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, desde San Miguel, Putumayo, en un evento organizado para explicarle a la comunidad cómo podría ser la reforma agraria, hizo una dura advertencia a los campesinos del país sobre ese tipo de apropiación de tierras que se está empezando a ver.
“Hay un tema básico, y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley, respetando la institucionalidad”, indicó la ministra.
Estrada sostiene que ese afán de los indígenas y los campesinos de querer tener ya esas tierras se dan además por la designación que hizo el presidente Petro del indígena, Giovani Nule, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien precisamente será el funcionario que liderará esa entrega de tierras improductivas o expropiadas.
La vía a Buenaventura
Pero no solo las acciones de hecho se han dado por temas de tierras, sino que también por el incumplimiento de acuerdos en gobiernos pasados, por lo que durante toda la semana, hasta el viernes, se tuvo bloqueada la vía que conduce al puerto de Buenaventura, lo que ya ha dejado pérdidas por más de 80.000 millones de pesos, según reportó el Comité Ejecutivo Intergremial y Empresarial del Valle.
Hace un año largo, durante el paro nacional que afectó al país, el puerto de Buenaventura fue uno de los más golpeados por las protestas que se hicieron, porque no podían entrar o salir los camiones con los bienes para las diferentes regiones del país.
La mediación en esta protesta la hizo el recién posesionado viceministro del Interior, Gustavo García, quien tras una reunión el viernes con pueblos indígenas adscritos a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac), en la Mesa de Diálogo Social Vinculante en el corregimiento de Cisneros, logró que la vía fuera desbloqueada, bajo el compromiso que la otra semana volverán a la mesa de conversaciones para tratar de finalizar los requerimientos de la organización indígena.
“El propósito es buscar salidas concertadas para resolver las inconformidades que llevaron a estas comunidades a declararse en Minga”, sostuvo el funcionario.
El bloqueo inició el pasado lunes 22 de agosto y durante casi toda la semana se hicieron cierres de varias horas que afectaron sectores de comercio, transporte y turismo, entre otros.
Otro analista, Fernando Sanín, considera que “ya el gobierno Petro evidenció que busca dar solución a estas protestas bajo su propuesta del diálogo social, una alternativa válida, pero el problema es que mientras haya vías de hecho, como la invasión de terrenos o el cierre de carreteras fundamentales, no es fácil construir acuerdos rápidamente”.
Más problemas
La molestia de las comunidades indígenas arrancó por unas declaraciones que dio la vicepresidente de la República, Francia Márquez, quien, en una ceremonia con las comunidades negras, en donde tuvo su posesión simbólica, expresó la intención del Gobierno de modificar la figura de la consulta previa.
Márquez consideró que en algunos casos los recursos de las consultas previas que sean innecesarias se pueden destinar para llevar agua potable a los territorios que no tienen saneamiento básico, lo cual para la Onic es una contradicción con sus posturas políticas, además que generan “escenarios de estigmatización a las comunidades étnicas”.
El consejero indígena Edwin Mauricio Capaz, aclaró que “como organización social indígena del país no hemos renunciado a la movilización como un mecanismo de exigencia de derechos”.
Por ahora, es claro que en la mesa de los diálogos sociales vinculantes es en donde el gobierno de Gustavo Petro buscará desactivar y dar soluciones reales a la protesta social.
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