Se trata de una ambiciosa iniciativa que comprende varios frentes de acción. En primer lugar, la negociación de paz con todos los grupos armados al margen de la ley, con y sin estatus político reconocido, que hacen presencia en los territorios y que, en algunos casos, han venido ganando espacio a la acción del Estado.

Segundo, la libertad transitoria para jóvenes integrantes de la llamada ‘Primera Línea’ que participaron en el estallido social de 2021 y que están en las cárceles señalados de diversos delitos. En tercer lugar, está la reforma al Código Penal que permitiría otorgar ciertos subrogados a personas privadas de la libertad como mecanismo de resocialización y  deshacinamiento intramural.

Estos tres frentes de acción, que no los únicos, han generado diversas reacciones en la opinión pública y, por supuesto, entre los expertos que consideran que el Ejecutivo todavía tiene que aterrizar cada una de estas propuestas.

Por ejemplo, la ley 2272 de 2022 que reformó la ley 418/97 conocida como la Ley de Orden Público, otorgó al presidente de la República facultades para solicitar la suspensión de las órdenes de captura de quienes serán los voceros de los grupos armados ilegales con los que se avance en negociaciones de paz. En este caso, de las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ y el ‘Clan del Golfo’ también conocido como la banda criminal ‘Lo Pachencas’.

Pero ya la Fiscalía General puso una primera talanquera a estas solicitudes de suspensión de órdenes de captura argumentando que estos grupos ilegales no tienen estatus político y, por el contrario, “deben es someterse a la justicia ordinaria, porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”.

La Procuraduría apoya esta decisión de la Fiscalía argumentando la separación de poderes y que, según el Ministerio Público, “la paz no puede estar por encima de la Constitución”.

Tampoco es muy clara, a juicio de la procuradora Margarita Cabello Blanco, la argumentación jurídica del Gobierno para solicitar la excarcelación, así sea provisional, de los miembros de la ‘Primera Línea’ que serán voceros de paz en los programas de resocialización que impulsa el Ministerio de Justicia y del Derecho.

La procuradora insiste en la separación de poderes por cuanto el Gobierno, para pedir a los jueces de ejecución de penas las excarcelaciones de los miembros de ‘Primera Línea’, creó mediante el decreto 2422 de 2022 la Comisión Intersectorial que estudia cada caso en particular, instancia en la que no incluyó al Ministerio Público.

Por eso denunció a los jueces que han otorgado dichas libertades, incluso hoy son varios los administradores judiciales que se han declarado impedidos de otorgar tales beneficios.

El otro frente de acción es la reforma al Código Penal, que pretende otorgar beneficios a privados de la libertad por ciertos delitos –no incluye los delitos sexuales contra menores- bajo precisas circunstancias, para que puedan salir de prisión a trabajar en el día y regresen en la noche a su celda.  

Aunque el propósito es loable –disminuir el hacinamiento en cárceles, URI y Estaciones de Policía- es, sin duda, una de las apuestas más polémicas. De hecho, para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es una muestra de que “el Gobierno está preocupado más en los presos que en la ciudadanía: impunidad, impunidad, impunidad”.

¿Están promoviendo  la impunidad?

COLPRENSA dialogó con tres expertos para conocer su opinión sobre el alcance y conveniencia de estas propuestas.

Para el abogado penalista Ricardo Andrés Giraldo, las propuestas del Ministerio de Justicia no están promoviendo la impunidad.

“Existen otros mecanismos de impartir justicia, de solucionar conflictos, que ayudan a reducir los índices de impunidad. Pero al Gobierno le ha hecho falta pedagogía para que el ciudadano entienda por qué son necesarias estas reformas a la justicia”, asegura.

A su turno, Andrés Nieto, analista de seguridad de la Universidad Central, tiene la misma percepción de Giraldo sobre la justicia restaurativa. No obstante, dice que es necesario entender las diferencias en cada proceso penal.

“Aquellos jóvenes que fueron capturados y trasladados, pero que hoy no tienen imputación por ningún delito, no hay pruebas, deben salir inmediatamente porque no hay nada contra ellos. Pero hay otros contra los que sí hay pruebas y están siendo judicializados por delitos como vandalismo, agresión a servidor público, lesiones personales o incluso homicidio. A estos no se les pueden levantar los cargos, el proceso tiene que surtirse”, explicó.

Y el abogado penalista Francisco Bernate también asegura que no hay impunidad, pero considera que sí es necesario un equilibrio entre garantías de las personas privadas de la libertad y la percepción ciudadana.

“No considero que el Gobierno esté beneficiando la impunidad con medidas que pretenden deshacinar las cárceles. Creo que, por supuesto, hay que buscar un equilibrio entre las garantías de las personas procesadas y los ciudadanos en general, pero de permitir que una persona salga de la cárcel o disminuir el máximo de prisión, eso en forma alguna no es impunidad”, advierte.

Respeto a las víctimas

Al ser cuestionados sobre la forma para encontrar un equilibrio entre la paz y la justicia restaurativa, pero sin descuidar a las víctimas, Bernate expresa que “es deseable la búsqueda de la paz y de la justicia restaurativa, pero debe atenderse también la restauración de las víctimas, debe haber un compromiso de no reincidencia y debe haber una sanción, para que la persona comprenda que causó un daño”.

Por su parte, Nieto asegura que es necesario que existan cambios estructurales en el Estado, donde realmente se garantice que aquella persona que es víctima pueda recibir, no solo una reparación o una atención directa del Estado, sino que además sienta que alguien que cometió ese delito contra ella está pagando eso por lo que hizo”.

Y finalmente, Giraldo dice que aunque no hay una fórmula mágica, es necesario buscar otras alternativas. “Si hubiéramos hecho un proceso de paz completo con todos los actores del conflicto armado colombiano que han venido desde décadas incentivando la guerra en Colombia, con absoluta seguridad el resultado habría sido diferente. Pero si seguimos planteando un interés particular de negociar solamente con algunos, esta situación no va a cambiar”, afirma.

En conclusión, los expertos consultados aseguran que las propuestas del Gobierno para construir la paz total no conllevan a la impunidad, pues se buscan es formas distintas de justicia como la transicional, y que esta podría generar una mayor credibilidad de la justicia en Colombia y de paso resolver los años de conflicto armado en Colombia.

No obstante, los expertos también coinciden en que el Ejecutivo está fallando en varios aspectos, ya que aún no ha dejado en claro el alcance real de los proyectos que presentará al Congreso, como tampoco ha definido una ruta clara sobre las condiciones de las liberaciones o de los acuerdos con todo los grupos armados ilegales.

Así las cosas, habrá que esperar que el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Justicia y del Interior socialice el texto de las reformas que pretende llevar al Legislativo para darle forma su proyecto bandera, la paz total.

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