El 07 de agosto del 2026 terminará esta horrible noche. No tengo duda de que el próximo gobierno no será petrista. Tampoco la tengo de que tendrá una tarea monumental. Comparto acá unas ideas en materia de seguridad y lucha contra los violentos.

Vicky Dávila destapó su aspiración presidencial. Petro y Claudia López, en el afán de minar su credibilidad y la legitimidad de sus denuncias, la acusaron sistemáticamente de tener motivaciones políticas y, por esa vía, la graduaron como su mayor contradictora.

Otra falsedad es la de sostener que el CNE solo puede investigarlo en los 30 días siguientes a las elecciones.

El CNE tendrá que informar de su decisión a la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque, por un lado, a ella le corresponde conocer sobre las denuncias penales contra Petro, en este caso por violar los topes, y, por el otro, debe estudiar si se hay pruebas suficientes para iniciar un juicio político por violar el artículo 109 de la carta que establece que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.

No hay la menor duda de que a los reincidentes, que negociaron y firmaron con Santos y después decidieron seguir matando, no se les aplican los mecanismos de la justicia transicional. La Constitución sostiene que la justicia transicional “estará sujeta al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas” y que “en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional […] a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”.

La aprobación en cuarto debate de la reforma pensional es tanto una victoria pírrica de Petro como una prueba de que fue exitosa la operación de soborno de los congresistas, aceitada con el dinero de la Ungrd.

Petro y Leyva incurren en varias falacias cuando sostienen que del acuerdo de Santos con las Farc y de su envío a Naciones Unidas en 2017 se desprende la posibilidad de convocar una asamblea constituyente y además sin acudir al procedimiento contemplado en la Constitución.

Es fácil subestimar a Petro, suponer que sus declaraciones son apenas las de un perro que ladra y no muerde, que solo son la reacción asustada del hombre acorralado por los escándalos de corrupción de su gobierno y los de la financiación de su campaña, de la frustración ocasionada por el colosal e inocultable fracaso social, político y económico de su gestión. Sería un grave error pensar que solo vocifera, que son meros exabruptos. No tomarlo en serio sería fatal. Y no lo digo de manera metafórica sino literal: podría costarnos muchas vidas. Muchas vidas y el futuro.

Petro perdió la calle. Es quizás lo más importante porque para él y para la izquierda la calle es vital. En su discurso posterior a su derrota en 2018, sostuvo que volvía al Senado pero “a dirigir un pueblo que debe ser movilizado”.

Petro se movió rápido a lo que ha llamado un “proceso constituyente”. Una idea aún gaseosa, indeterminada, pero que debe seguirse con atención por los riesgos que insinúa.