De acuerdo con la Fiscalía, ubicaban a las víctimas en sectores marginales de la ciudad, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá y posteriormente, a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco.

Señala la autoridad, que a las mujeres, presuntamente, les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos, que correspondería a los gastos de los pasajes aéreos; pero que iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales.

En la investigación se obtuvieron 350 audios que permitieron detectar el entramado criminal. Asimismo, fueron acreditadas 27 víctimas, cuatro de ellas entregaron sus testimonios e indicaron que permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban, a través de dos sitios web.

Las víctimas afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas.

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