Frente a las entidades responsables, el ente de control expresó el riesgo de desfinanciamiento ante los muchos proyectos de infraestructura de transporte en el país, sumado a la inminente lluvia de demandas que generaría la decisión tomada y la inseguridad en el mercado financiero que permite la sostenibilidad de los proyectos viales de 4G y 5G.

La Procuraduría aseguró que actualmente se encuentra un millonario déficit de aproximadamente 900 mil millones de pesos que se dejaron de percibir por concepto de recaudo de peajes en el año 2023. Esto podría desencadenar en una “inminente lluvia de demandas en contra del Estado por el incumplimiento en los compromisos contractuales y la ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura, afectando las finanzas de todos los colombianos”.

Ante este panorama, el ente de control citó a los intervinientes de la situación e indagó por el plan para mitigar cada uno de los riesgos que ya se vienen presentado y que podrían derivar en el colapso de los proyectos de infraestructura vial del país.

Al respecto, se conoció que el Ministerio Público exhortó a las entidades a trabajar en conjunto para dar celeridad en la ejecución del plan de choque.

“Se continuará velando por las garantías para el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar un detrimento patrimonial que afecte a todos los ciudadanos, enviando un mensaje de seguridad jurídica y financiera”, recalcaron.

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