Veterinario habría matado a un perro con descargas eléctricas

Crédito: Suministrada/ El Nuevo Día Referencia de perrito fallecido
El perro había sido llevado para ser sometido a una eutanasia, pero, al parecer, el veterinario habría practicado un procedimiento que le causó grave dolor
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Un veterinario está siendo investigado por las autoridades del Valle del Cauca por presuntas malas prácticas durante la eutanasia de un perro llamado Yogui. Los hechos, que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ocurrieron el pasado 9 de septiembre de 2024 en una vivienda del barrio Diablos Rojos, en el municipio de Tuluá.

Según la investigación, Yogui fue llevado al establecimiento del veterinario para que le practicaran la eutanasia. El procedimiento acordado consistía en suministrarle al canino cuatro pastillas para inducir su muerte de manera asistida. Sin embargo, la Fiscalía alega que el veterinario, en lugar de seguir el protocolo acordado, “lo sometió a descargas eléctricas con un cable”.

Esta presunta mala práctica causó un intenso dolor al animal, dejándolo inconsciente y finalmente provocándole la muerte. 

“La muerte del canino Yogui resulta de la fibrilación cardiaca de un animal consciente, por lo tanto, involucra el dolor y sufrimiento insoportable. Además, este método puede ser extremadamente peligroso para las personas que se encuentren cerca”, explicó la fiscal a cargo del caso.

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La dueña de Yogui declaró a los investigadores que el veterinario le había indicado que el procedimiento consistiría en la administración de pastillas que adormecerían a su mascota. No obstante, según su testimonio, las pastillas no surtieron efecto, y tanto ella como su pareja se vieron obligados a sujetar al perro “con fuerza para poder colocarle los cables en la boca, es decir, que se encontraba completamente consciente, alerta y en total grado de indefensión”.

Como resultado de estos hechos, el veterinario fue imputado por el delito de maltrato animal. El profesional no aceptó los cargos. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de prisión de 12 a 36 meses, la cual podría aumentar dependiendo de las circunstancias que se esclarezcan durante el proceso judicial. 

Este caso ha generado indignación en la comunidad y ha puesto en el debate público la necesidad de regular y supervisar los procedimientos de eutanasia animal para evitar este tipo de situaciones.

Credito
REDACCIÓN WEB

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