Hace 26 años un ciudadano empezó a recorrer un largo camino jurídico en contra del Estado, para recuperar la titularidad de varios predios ubicados en Coyaima, los cuales fueron objeto de un proceso de extinción de derecho de dominio privado, a mediados de la década de los años 90, con el fin de construir el embalse presa Zanja Honda del proyecto Distrito Triángulo del Tolima.

A pesar de que en 1998 el Consejo de Estado le dio la razón al reclamante, fue hasta el pasado 18 de junio que la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, en palabras sencillas, le devolvió al dueño original 35 hectáreas del predio conocido como Guamalito.

Aunque la decisión generó gran satisfacción en el propietario, el problema es que las tierras están ubicadas en el centro de la presa, por lo que el hombre no puede disponer de ellas.

‘Tranquilo que el Estado paga’

Como si se tratara de una historia de la ‘Macondo’ de Gabriel García Márquez, lugar en el que cosas inimaginables pueden suceder, se confirmó que parte del lugar en donde reposa el ‘corazón’ del megaproyecto distrito de riego Triángulo del Tolima, mismo al que se la han destinado miles de millones de pesos,  tiene un particular como propietario.

“Desde un principio, que hicieron la afectación de utilidad pública y desde antes, vienen manifestado siempre la voluntad de comprar, pero nunca hubo presupuesto para eso. Además, con el cambio continuo y permanente de los funcionarios públicos, se va perdiendo la memoria histórica y no se ha podido solucionar ese problema”, dijo José Francisco Tamayo, el reclamante en esta historia.

 A lo que hace referencia el hombre, es que en 1994 el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, a través de la resolución N° 05781 del 29 de noviembre declaró en extinción a  favor de la Nación, el derecho de dominio privado sobre parte de una finca, ubicada en la vereda Totarco, hoy Zanja Honda, medida que fue respaldada por la resolución N°057 de la Junta Directiva de Incora, expedida también en noviembre de ese año.

Al parecer, tras la decisión, el Estado finalmente dispuso de más hectáreas de las establecidas en las resoluciones. “Cuando hicieron la extinción de dominio no fui el único, se lo hicieron a varias fincas de la región y todo eso hoy, tiene juicios de pertenencia, el Estado ha comprado cosas indebidas ahí”, señaló Tamayo.  

Según datos encontrados por el denunciante, en la época en que se empezó a proyectar la construcción de la presa, el Incoder hizo un pago de primas de reubicación, indemnizaciones que en algunos casos habrían llegado a familias que no vivían en la zona, mientras que a varias de las realmente afectadas, les tocó emprender acciones de reclamación.

El tiempo pasó y las obras del ‘Triángulo’ de la primera y segunda fase, se desarrollaron pese a que había varios pendientes jurídicos y un fallo del Consejo de Estado emitido en 1998, en el que se declaró la nulidad de las resoluciones que dieron paso a la extinción del derecho de dominio privado.

El demandante precisó que la construcción abarca 135 hectáreas del predio Guamalito, más de 40 hectáreas del predio denominado Tunarco y aproximadamente 37 de otra propiedad conocida como Lote 10, en resumidas cuentas se invirtieron recursos públicos en los predios de un particular.

Tamayo recordó que a comienzos de la década del 2000, visitaba con frecuencia diferentes entidades con el fin de insistir en su reclamación, pero la respuesta de los funcionarios en esa época era “tranquilo que el Estado paga, no se preocupe”.

Agregó, que aunque los procesos jurídicos se centran en tres predios, hay otros más que fueron afectados con las vías que conectan los existentes canales del distrito. “Yo quiero llegar a un acuerdo, porque uno sabe que la región necesita eso (distrito), no solamente los cabildos y resguardos, la comunidad civil también necesita la obra, que tiene que quedársela la gente que realmente la pueda manejar”. 

Predio ‘liberado’

Ahora, pasados más de 20 años, la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, a través de la resolución 171 de 2021 expedida el 18 de junio, resolvió levantar la “declaración de utilidad pública e interés social del predio denominado Guamalito”, es decir, que se liberaron tierras que hoy están cubiertas por el agua captada del río Saldaña.

“Me devuelven la propiedad, propiedad que no puedo utilizar porque está ocupado por el vaso de la presa y además, sería un inmenso descalabro y daño a la población, no solamente a la indígena, también a los campesinos y a los propietarios de predios, que son los que generan el trabajo y el desarrollo de una región”, añadió el hombre.

Mencionó que le sorprende la forma en que le regresaron el derecho de una de las propiedades reclamadas, “entonces eso de que tome, le dejo esto y le devuelvo, (pero) no pagan después de causar un daño inminente. De ahí se han desprendido un sinnúmero de perjuicios, no solamente económicos y morales, de toda índole que se desprenden de las malas actuaciones del Estado”.

Asimismo, señaló que el actual Gobierno nacional está haciendo lo posible por mejorar el funcionamiento estatal, “hay funcionarios corruptos y otros que no, por eso hay tanta contravención en lo mío, el problema radica en el cambio permanente de funcionarios y en los contratos y la subrogación de contratos”.

Además en la resolución 171 de la ADR, se recuerda que en marzo de 2014 el desaparecido Incoder expidió la resolución 1613 mediante la cual se ordenó la adquisición de predios dentro de las áreas afectadas con el proyecto, entre ellos Guamalito, propiedad de José Francisco Tamayo.

Sin negociación a la vista

Entre las decenas de oficios recibidos por Tamayo, sobre este caso, hubo uno en el que se le da a entender que el levantamiento de la declaratoria no significa una pronta negociación de compra de la propiedad.

En documento fechado el 30 de agosto de 2021, se le explica al demandante que en el plan de acción de la Dirección de Adecuación de Tierras para esta vigencia, no se encuentra “la adquisición de predios o mejoras en el proyecto de adecuación de tierras Triángulo del Tolima”.

Además, se precisa que se están estableciendo “aspectos relacionados con la necesidad de las tierras, en consideración que durante la vida jurídica del Incoder hoy extinto, no se alcanzaron a adquirir la totalidad de los predios y mejoras para la construcción del proyecto”.

Otra de las preocupaciones del reclamante, es que una de las tantas respuestas a los innumerables oficios enviados a la ADR, en 2017 se le precisó, que el desaparecido Incoder con Fonade, crearon un convenio para la compra de predios en 2005.

Sin embargo, dicho convenio no fue subrogado por parte de Incoder en Liquidación a la ADR, motivo por el cual, hasta esa época no se había transferido “competencia presupuestal ni contractual alguna para atender las solicitudes de pago por concepto de compra de tierras y mejoras en el Triángulo del Tolima”.

 ¿Qué se dice desde la ADR?

EL NUEVO DÍA consultó el caso de José Francisco Tamayo con la oficina jurídica de la ADR, desde allí se explicó que el ‘Triángulo del Tolima’ está conformado con 233 predios, que en su mayoría son propiedad del Estado.

Igualmente, se informó que en su momento Incoder declaró de interés público todos los bienes que hacían parte de la ronda que integraría el embalse, para poder desarrollar el proyecto.

Para el caso de Tamayo, se revisó jurídicamente los predios y se habría encontrado una falsa tradición, es decir que, no tendría la plena titularidad de derecho de dominio “en tal sentido, las entidades no pueden adquirir estos predios cuando no están completamente saneados. En su momento el Incoder lo que hizo fue adquirir unas mejoras, porque la ley así lo establece”.  

Igualmente, se precisó que las medidas tienen un término, que en este caso ya se cumplió, además el proyecto se realizó, y solo se adquirieron los predios que para en el momento de la ejecución del proyecto, pudieron acreditar la plena propiedad.

“Al señor Tamayo se le levantó la declaratoria porque ya los motivos que originaron su declaratoria desaparecieron, pero eso no significa que el señor a la fecha haya saneado su titularidad de dominio.

“Él ya presentó una solicitud a la Agencia, a él en múltiples oportunidades se le ha requerido para que acredite que realmente saneó esos predios, eso no ha sido posible, y recientemente se le explicó que tenía que aportar (documentos) para efectos de que la entidad pudiera evaluar y comprar los predios que él aduce son de su propiedad”, se explicó.

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