Además de los llamados ‘elefantes blancos’, hay otro tipo de proyectos que generan preocupación en los municipios y son esas estructuras que están a medias, suspendidas y con plazos de ejecución finalizados.
Para hacer un seguimiento, la Contraloría General de la República, CGR, a través de la Ley 2020 de 2020, creó un Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, que está bajo la coordinación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, y debe ser frecuentemente actualizado por las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

En el caso del Tolima, se tiene un considerable listado de proyectos que no han logrado ver la luz, a pesar de que en su momento, las propuestas contaron con el presupuesto necesario para su ejecución y terminación.
Los proyectos están relacionados con sectores como Vivienda, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Transporte, entre otros. Para esta ocasión, EL NUEVO DÍA abordará un grupo de los más de 30 que están identificados.

La historia de Villa Mariana en Flandes

En 2015 la Administración municipal contrató la construcción de vivienda para 26 familias afectadas por la ola invernal, el proyecto se denominó Villa Mariana. El inicio de la obra se registró en agosto de 2015 y se tenía programado culminarla en seis meses.
En medio del desarrollo de esta propuesta habitacional que tuvo un presupuesto de $599 millones 045 mil 707, provenientes de regalías, se tuvieron tres prórrogas sustentadas en problemas con el acueducto. En 2017 a través de la resolución 1349 del 8 de diciembre, la Alcaldía de Flanes declaró el incumplimiento y la caducidad del contrato.

Hasta el 2020 se tenía un avance físico del 23%, financiero del 33,44% y un anticipo de $299 millones 522 mil 853. A finales de ese año, en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, se hizo una audiencia en el marco de una demanda del contratista Eugenio Lozano Bocanegra en contra del Municipio, con el fin de determinar si la expedición de las resoluciones mediante las cuales se declaró el incumplimiento, se encontraban viciadas de nulidad.

En ese mismo año, se registraron tres asentamientos ilegales, uno de ellos en el predio Villa Marina, por parte de familias vulnerables. La última actuación registrada fue el primero de marzo de 2021, día en el que se venció el término de traslado de documentos.

Acueducto regional de Ortega

Desde hace más de 10 años, las familias del centro poblado Olaya Herrera y de las veredas San Isidro Canalí, Ventaquemada Canalí, Rincón de Canalí, Chicalá Canalí, Caleras Canalí, Callejón Canalí, Balsillas y Guaipá de Ortega, tienen la ilusión de contar con agua potable.

A pesar de que en la década del 2.000 tuvo recursos, gestión y la estructuración de un proyecto regional, el sueño se esfumó, y hoy solo existe una obra inconclusa.

Pasado el tiempo, los únicos que tienen el recuerdo intacto de las promesas incumplidas, son los habitantes de la zona y como no, si en parte de su territorio hay muros, varillas, tubería, entre otras partes, que se convirtieron en el reflejo de una obra que pudo traer grandes beneficios. 

En septiembre de 2021 la CGR a través de la Gerencia Colegiada del Tolima, adelantó una audiencia para generar compromisos de diferentes entidades como la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Vivienda, la Edat, la Alcaldía de Ortega y Cortolima.

Entre las conclusiones de dicho espacio quedó una recomendación del Ministerio que es crear nuevamente un proyecto con diseños de “calidad”, para lograr que en un nuevo intento se logre generar un beneficio de la estructura a la que se le habían destinado en 2005, mil 340 millones de pesos, de dicha cifra $500 millones eran de regalías.

¿Este será el año de Villa Claudia en Suárez?

Otro proyecto de vivienda esperado desde hace una década, es la Urbanización Villa Claudia, propuesta surgida tras la ola invernal de 2010. La iniciativa consistía en la construcción de 101 casas, por lo que se inició la obra en marzo de 2014. En este caso se contaba con un presupuesto de $2 mil 699 millones 656 mil, de los cuales $462 millones 127 mil fueron aportados por el Municipio.

A pesar de contar con los recursos, hoy no se ha culminado por completo. En cinco años se contaron 11 suspensiones, varias de ellas se originaron porque la Alcaldía no habría entregado los lotes adecuados.

En noviembre de 2015 renunció el interventor, por lo que se adelantó una nueva  contratación y en diciembre de ese año se volvió a pausar la obra, porque la Alcaldía habría incumplido  con la resolución  de vertimientos de agua de Cortolima, donde ordena suspender la conexión de la red de alcantarillado de la urbanización Villa Claudia.
En medio del proceso ambiental, se conoció que en 2016 se mantenía la suspensión de las conexiones del alcantarillado a la planta de tratamiento, lo que generaba que el proyecto no contará con la red de evacuación de aguas negras.

En 2017 el Fondo Nacional de Vivienda declaró el incumplimiento del contrato porque el avance físico era del 38,46% y el financiero del 59%.

Luego en 2019, se presentaron inconvenientes con procesos de desenglobe del predio y escrituración. En los últimos registros del ente de control se tenía un 54% de adelanto físico y 49,50% del financiero.
Los ‘enredos’ de Villa Claudia originaron que en 2021 la CGR imputara cargos en contra de los exalcaldes Raúl Suárez y Ángel Gómez Lizcano, por el presunto detrimento de mil 299 millones de pesos en medio de un proyecto inconcluso.

En noviembre de 2021, la alcaldesa Lucelly Villalba, informó que finalmente se contaba con la primera escritura de desenglobe, lo que significaba que el Banco de Bogotá le devolvía el lote al Municipio “y podemos decir que ahora sí, somos propietarios”.

Según un recuento de la Mandataria ya se han entregado varias casas a los propietarios y recordó que en 2016 se terminó la primera etapa de la urbanización con 30 viviendas, en la segunda parte se crearon 23 casas más, es decir, que al cierre de 2021 se contaban 53 construcciones. Por lo que el reto ahora, es tener listas al 31 de marzo de 2022, las restantes 48.

Otra aclaración que se entregó es que en el proyecto “en ningún momento hubo malversación de fondos, la plata no se perdió, el saldo del dinero. El mismo Ministerio destinó un fondo especial para la terminación del proyecto, están garantizados los recursos”, precisó el contratista.

Y agregó que durante estos años se les ha entregado respuestas a los entes de control y hasta el momento no se “habría encontrado ninguna causa para dictar un proceso fiscal”.

La eterna espera en el sur del Tolima

En Chaparral 48 familias esperan desde hace siete años la culminación del conjunto residencial Alfonso Reyes Echandía, un proyecto que tiene como propósito brindar un techo digno a personas víctimas del conflicto. El presupuesto inicial fue de mil 420 millones 691 mil pesos y con las adiciones, ascendió a $2 mil 651 millones 324 mil, recursos del Departamento. 

Durante el desarrollo de la obra, que fue contratada por la Gobernación del Tolima, se cuentan cuatro suspensiones, que se originaron por aspectos como ajustes al diseño original, adelantar una evaluación técnica y financiera para incluir nuevos recursos; pues en 2017 surgieron obras que no estaban presupuestadas.
Y la cuarta pausa que se registró en 2020, por la emergencia sanitaria derivada por la pandemia.

Tras superar una larga cadena de inconvenientes, los propietarios contaban con recibir sus apartamentos en diciembre de 2021 con los servicios básicos, mientras las escrituras en enero de 2022. Sin embargo, pasadas esas fechas, no se cumplió con lo acordado.

El hecho generó que los beneficiarios acudieran a las vías de hecho y el pasado 3 de febrero, se tomaron la vía que de Chaparral conduce a Ortega con cierres intermitentes, para expresar una vez su molestia con las demoras.
En diálogo con uno de los propietarios, contó que los apartamentos están terminados pero les faltaba las conexiones al servicio de energía eléctrica y de agua, asimismo, comentó que se preocupa porque algunas de las unidades habitacionales presentan humedad y muestras de deterioro.

Al lugar llegó Esteban Duarte, director de Hábitat de la Gobernación del Tolima, quien explicó que se están adelantando los respectivos trabajos para instalar los servicios públicos y agregó que el año anterior se les entregó las llaves para hacer adecuaciones que no están incluidas en el proyecto.

El nuevo compromiso es que a mitad de febrero las 48 familias contarían con los servicios necesarios para habitar los apartamentos.

Megacolegio en San Antonio

En 2011 el Gobierno Departamental contrató la construcción del megacolegio de la institución educativa José María Carbonell en San Antonio, el tiempo de ejecución fue de ocho meses y el presupuesto inicial estuvo por los $3 mil 884 millones.

Tras adiciones llegó a los $4 mil 453 millones y aunque el contrato se liquidó en 2013, surgió una queja ante la Contraloría porque la obra habría quedado incompleta, pues faltó un pozo séptico, un escenario deportivo, un bloque de seis salones y cerramiento.

En 2015 y 2019 se anunció el inicio de construcción de la segunda fase, con el fin de dejar totalmente terminada la infraestructura. Se destinaron $2 mil 567 millones para el bloque de seis aulas, la cubierta y piso para el polideportivo y el encerramiento. En este tema se contó con el aporte de un predio por parte de la Alcaldía, para la construcción del espacio deportivo.

A mediados de 2020 se volvió a hablar de construcción faltante, por lo que se espera que este año finalmente se concluya.

Es de recordar que el megacolegio se puso en funcionamiento en la pasada Administración departamental. 

Plaza de Mercado en Icononzo

Actualmente existe una obra a medias, por lo que a la retina de los habitantes, es una construcción  inconclusa, por ello, temen que se transforme en un ‘elefante blanco’. Se trata de la Plaza de Mercado, un proyecto contratado en la administración del exalcalde Jorge García y que estaba planteado en varias partes de desarrollo.

La primera fase de la etapa uno se contrató en 2019, y a finales de ese año el Concejo aprobó en el presupuesto de 2020, una partida de $365 millones para la terminación de la etapa uno.

Sin embargo, con el inicio de una nueva Administración municipal en cabeza de Margoth Morales, los recursos se habrían destinado a otros temas, uno de ellos, al parecer fue las fiestas tradicionales de 2020. Aunque se iniciaron indagaciones fiscales por parte de los entes de control, hasta la fecha se desconocen decisiones de fondo.
En cuanto a la estructura que se espera algún día se convierta en la nueva plaza de los habitantes, está en aparente descuido y se convirtió en una especie de bodega, para guardar elementos como tanques de agua, tubos, entre otros.

En medio de cuestionamientos la Mandatario adelantó gestiones para obtener recursos, por lo que en junio del año anterior firmó un convenio por mil millones de pesos con el Departamento de Prosperidad Social, DPS, para culminar la totalidad de la plaza.

En octubre, se informó que después de que la Administración local logró subsanar todas las observaciones, se dio vía libre para empezar el proceso de licitación.

Actualmente, en el portal de contratación pública Secop I, está publicado el borrador de la licitación por $975 millones 753 mil que tiene por objeto la construcción de la segunda fase de la Plaza de Mercado.

Distrito de riego sin compuertas

En Mariquita la Alcaldía contrató en 2015 la rehabilitación de un Distrito de Riego de Mediana Escala, el cual tenía como plazo de terminación dos meses, a pesar del corto tiempo, se registraron cuatro prórrogas y ocho suspensiones. El presupuesto del proyecto más interventoría llegó a los $2 mil 047 millones 551 mil, dineros que fueron asignados del Sistema General de Regalías.

Y aunque se esperaba una obra rápida, la intervención terminó extendiéndose en el tiempo y en medio de incertidumbres. Según un informe de la CGR de 2020, al contratista se le desembolsó mil 875 millones 261 mil, no obstante, tras visita realizada el proyecto estaba en abandono y deterioro, con estructuras de acero oxidadas y maleza alrededor.

Además de ello, el ente de control dio a entender que así se completara la obra, no se podría cumplir con el objetivo, pues se suprimieron “actividades vitales del proyecto, como lo es la instalación de las compuertas, no se podrá captar agua para suministrar el canal de riego”.

Tampoco se obtuvo los permisos de servidumbre para ingresar a la obra, al igual que,  el permiso de ocupación del cauce del río Gualí.

El alcance social que se pretendía con los recursos de regalías era beneficiar mil 074 personas, irrigar mil 800 hectáreas y lograr que 179 familias implementarán cultivos de cacao, caucho, mango, aguacate, cítricos y papaya, lamentablemente, la iniciativa se quedó en una buena intención. 

El caso originó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por mil 875 millones 261 mil pesos, igualmente, en el informe se precisa que hubo una “gestión fiscal antieconómica e ineficaz del contratista, del supervisor y el interventor y un uso ineficiente de los recursos”.

El polideportivo de Alvarado
 

En el Registro de Obras Inconclusas Diari, también está la construcción de la cubierta y adecuación del polideportivo de la institución educativa General Caicedo de Alvarado, en 2014 se asignó un presupuesto de $896 millones 277 mil, dinero que provenía de recursos del Sistema General de Regalías y el Fondo de Compensación Regional.

El plazo de ejecución fue de cuatro meses, no obstante, en tres prórrogas y siete suspensiones, pasaron tres años y la obra no se vio, lo que motivó una denuncia por ser una obra abandonada por el contratista. Luego de que la Alcaldía adelantara un peritaje se concluyó que la estructura debía iniciarse en su totalidad.
El contrato se liquidó de forma unilateral el 15 de febrero de 2019 y hasta 2020 se contaba el 41% de desarrollo físico y 31% financiero.

Además, lo construido quedó expuesto a factores ambientales como la lluvia, el aire y sol, ocasionando oxidación y proceso de corrosión en el acero, lo que conlleva al rompimiento del concreto de recubrimiento, fisuras, grietas, entre otro tipo de daños.

Igualmente, el ente de control llamó la atención en su momento que el avance real financiero alcanzado por el contratista estuvo por los $230 millones, sin embargo, se le habría pagado $520 millones 189 mil.
Luego de adelantar el respectivo proceso fiscal se dejó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $583 millones 647 mil.

Un ‘milagro’ parar Villarrica

La licitación que prometía a los habitantes tener agua apta para el consumo humano, se adjudicó en 2013, a pesar de contar con un presupuesto de $1.800 millones y una adición de $866 millones a hoy siguen esperando líquido de calidad.

Tras una reformulación de la obra, se logró ‘desenredar la pita’, por lo que se retomaron labores para culminar el proyecto. La salida fue dividir la propuesta en dos fases, la primera incluye la planta de tratamiento, que se espera sea entregada a la comunidad este mes y la segunda, que requiere de una adición presupuestal de $750 millones, comenzaría una vez se liquide la primera parte.

Es de recordar, la inversión surgió de un acción popular instaurada hace aproximadamente 10 años, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el Juzgado Octavo Administrativo compulsó copias, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía por el incumplimiento de las órdenes proferidas a través de una medida jurídica que tenía como propósito garantizar el agua potable a los habitantes del casco urbano. 

Actualmente, la comunidad espera que en el 2022 se les haga el ‘milagrito’ de contar con agua potable. 

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