Desde hace meses, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Psmv) ha sido materia de análisis, debate y ‘disensos’ para la Administración municipal, la empresa Ibal y Cortolima. 

Con el pasar de los años, varios afluentes hídricos del municipio, se han dispuesto para la recepción de aguas residuales, tema que está sujeto al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Psmv) de Ibagué, trazado por el Ibal y controlado, a partir del cobro de la tasa retributiva y el control del impacto ambiental, por Cortolima. 

Actualmente, Ibagué cuenta con dos Psmv, aprobados. El primero corresponde al perímetro hidrosanitario del Ibal, y el segundo se denomina como Psmv rural y corresponde al área rural del municipio y la zona urbana donde funcionan los acueductos comunitarios.

Normativa del control de vertimientos

La resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, “establece en los artículos 79, 89 y 95, la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, el deber de los ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente”. 

Aprobado por la autoridad ambiental competente, el Psmv “debe ser presentado por los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva”.

Y en adición, el plan “deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Contendrá la meta, individual de reducción de carga contaminante de los usuarios mencionados que se fijará por la autoridad ambiental competente, cuyo cumplimiento se evaluará de acuerdo con los compromisos establecidos.

Cobros y ‘disensos’

Hace unos días, la CAR  recordó la mora de pago que presenta el Ibal por la contaminación de cuatro afluentes hídricos que están dispuestos dentro del Psmv ante la Superintendencia de Servicios Públicos. 

En concreto, el Ibal adeuda un total de $11.774 millones por concepto de tasa retributiva, los cuales no han sido cancelados desde el quinto periodo del 2020 a la fecha. Y en adición, frente a procesos sancionatorios, la CAR ha tasado multas por el valor de $5.494 millones. 

“En ese orden de ideas se solicita de la manera más respetuosa a la Superintendencia para que dentro de sus competencias se inste al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para que indique si carece de los recursos para pagar la tasa retributiva, y si ello comprometería la viabilidad económica de la empresa (sic)”, consigna la misiva enviada a la Superintendencia meses atrás. 

Y plantea: “Aunado a lo anterior, se presentaría una agravación de la conducta desplegada por la empresa IBAL, puesto que, los recaudos según lo manifestado por la parte administrativa, se han realizado vía tarifa sobre el valor del 1 %, siendo el deber cancelar estos valores a la corporación y no tenerlos en sus cuentas (sic)”.

No obstante, producto de la carta a la Superintendencia, la deuda bajó tras un abono de $2.272 millones por parte del Ibal, lo que reduce la deuda inicial y la deja con un saldo pendiente que asciende a los $14.996 millones sumando la tasa retributiva y las sanciones. 

Integridad de los afluentes

En un recorrido realizado por EL NUEVO DÍA en diferentes vertimientos de la ciudad, se constató que existe gran evidencia de contaminación en los afluentes que reciben las aguas residuales del municipio, además de la constante basura.

En el caso de la quebrada Opía, uno de sus nacimientos se encuentra cerca al barrio El Tesoro, en donde también son notorios los vertimientos de aguas residuales. 

Es menester acotar que su caudal, a lo largo de su trayecto, alcanza a llegar al corregimiento de Piedras, por lo que se presume que en gran medida, el agua que se recibe está altamente contaminada. Su cuenca recibe vertimientos del sector de Picaleña, La Honda y El Escobal.

La cuenca hídrica del río Chipalo, y pese a ser uno de los afluentes más importantes de toda la región, lleva recibiendo ingentes cantidades de residuos provenientes de diversas actividades humanas. 

Por tal razón, luego de varias quejas y solicitudes ciudadanas, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, anunció que la descontaminación de este río, al igual que las quebradas La Tusa, La Saposa, Las Ánimas, La Balsa y La Ambalá, son prioridad en este 2023.

Por ejemplo, a la altura de la calle 62 con avenida Ambalá, es notoria la contaminación que existe sobre su ronda hídrica, en donde es constante desde hace varios años la caída de aguas residuales.

A su vez, en los alrededores del ‘Chipalo’, la basura que queda a la deriva como colchones inutilizables, aparatos electrónicos y demás menesteres, se han hecho uno con la naturaleza. Los diferentes desechos se han distribuído a lo largo de la zona, por lo que, incluso, en épocas de invierno, tienden a ‘irse’ con la fuerza del caudal.

El ‘Chipalo’ recibe los vertimientos de zonas como Santa Ana, algunas etapas del Jordán, Piedra Pintada, El Vergel, entre otros puntos de la ciudad. 

El río Alvarado, por otra parte, recibe vertimientos directamente en su caudal y desde el ‘brazo’ que proviene de la quebrada La Chicha. A la altura de su trayecto en cercanías al barrio Pacandé, esta redacción constató que existen varios puntos que también drenan aguas residuales directamente en su afluente, en donde además algunos se encuentran afectados en su infraestructura. 

Esta cuenca, recibe aguas residuales de zonas como Modelia, Protecho, Los Álamos, Cantabria, Calucaima, El Porvenir, y demás zonas urbanizadas de la ciudad. 

Quizá, uno de los más críticos es el río Combeima. Tras su paso por la ciudad, la cuenca hídrica recibe contaminación en diferentes puntos, a partir de su trazabilidad por los canales de agua que cruzan la ciudad, además de los diferentes vertimientos que sufre a lo largo de su trayecto. 

Por otra parte, recibe carga contaminante directamente en su cauce, y en las quebradas que desembocan en su afluente como lo son la quebrada El Tejar y quebrada Panelas. 

Recibe aguas residuales de zonas como Cámbulos, el sector industrial El Papayo, La Vega, Libertador, Baltazar, Cerro Gordo, Cañaveral, entre otros.

Diálogo con Cortolima

En diálogo con EL NUEVO DÍA, la Corporación Autónoma compartió una serie de precisiones frente al manejo de vertimientos en el municipio. 

EL NUEVO DÍA: Respecto a la carga contaminante que reciben los afluentes Opia, Combeima, Alvarado y Chipalo, ¿cómo es monitoreada por la CAR?, ¿el seguimiento es constante?

Cortolima: Actualmente Ibagué bajo el acuerdo 013 del 2018 e información suministrada por el Municipio bajo la presentación del Psmv, se registra que el Municipio cuenta con 177 vertimientos a fuentes hídricas. Por lo anterior, Cortolima anualmente realiza las visitas técnicas a todos los vertimientos existentes en el área urbana y rural, en donde realiza monitoreos a las fuentes hídricas y los vertimientos representativos con el fin de establecer la carga contaminante. En el río Alvarado se monitorean dos vertimientos, en el río Chipalo 14 vertimientos, en el río Combeima 10 vertimientos, y en el río Opia cinco.

Lo anterior con el fin de realizar el seguimiento y control al cumplimiento de las metas de reducción de carga contaminante pactadas en el acuerdo 013 del 2018, para todo el municipio de Ibagué. De la misma manera, se monitorean las fuentes hídricas receptoras de estos vertimientos para determinar el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por Cortolima. Cuando el Municipio no cumple con las metas de reducción de carga contaminante acordadas, se realiza un ajuste al factor regional el cual se tendrá en cuenta para realizar el cobro por el incumplimiento. A mayor factor regional, mayor será el cobro.

E.N.D.: A futuro, la CAR cómo contempla el impacto ambiental de esta carga contaminante, ¿se han dimensionado acciones para las próximas décadas?

Cortolima: La Corporación, con el análisis anterior, determina el cobro de la tasa retributiva, tal como lo establece la ley 99/ 93 en el artículo 31, el cual nos permite recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

La Corporación está apoyando en la optimización del colector del río Chipalo que su objetivo es reducir puntos directos a la fuente hídrica. Existen inversiones en saneamiento básico por $60 mil millones en obras en 14 municipios del Tolima para la edificación de colectores, cinco Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y proyectos de abastecimiento comunidades indígenas a lo largo de la región.

E.N.D.: Respecto al manejo de dichas cargas contaminantes, ¿qué responsabilidades tiene la CAR, el Ibal y la Administración municipal?, ¿cómo es el manejo de las PTAR que limpia los vertimientos de estos afluentes?  

Cortolima: En la ley 99/93, se estipula que las CAR pueden fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente.

Es así que la Corporación, mediante el Consejo Directivo, aprobó el acuerdo 013 de 2018 por el cual se definen las metas individuales y globales de reducción de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo en el departamento. Por tal motivo los instrumentos de planificación ambiental, en este caso Psmv, los municipios deberán proyectar la reducción de carga anualmente a lo pactado en este acuerdo. Es de resaltar que actualmente Cortolima se encuentra en el desarrollo de la línea base para establecer las metas para el siguiente quinquenio.

Adicionalmente, Ibagué cuenta con 79 procesos sancionatorios relacionados con saneamiento básico producto del incumplimiento en las obligaciones del seguimiento ambiental e infracciones ambientales en el control y vigilancia. Del total de procesos, 69 son por vertimientos, 9 por incumplimientos a actos administrativos de permisos ambientales y 1 por incumplimientos en el Psmv. 

Actualmente, el municipio cuenta con 3 PTAR, una ubicada en El Tejar que cuenta con una capacidad de 128 litros por segundo (L/S), tratados 100 L/S. En las Américas con una capacidad de 12.3 L/S, tratados 9.6 L/S, y en Comfenalco con una capacidad de 10.3 L/S, tratados 30 L/S.

Con las 3 plantas, se tratan 139.6 L/S, sin embargo, en la actualidad no cuenta con tratamiento 721.52 L/S, es decir solo se está tratando el 16,21 % del total de agua residuales generadas en el perímetro hidrosanitario.

Dato

Según Cortolima, sólo se está tratando el 16,21 % del total de aguas residuales generadas en el perímetro hidrosanitario de Ibagué. 

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