En efecto, la Defensoría corroboró que había una ciudadana venezolana en estado de embarazo a quien no daban salida del Hospital porque adeuda a la entidad más de 3 millones de pesos por los servicios que recibió, y la otra presenta una fractura en la rodilla y necesita una intervención quirúrgica de manera urgente aunque el Hospital no la quiere operar, debido a que no están afiliadas a la seguridad social en Colombia.

El organismo envió un oficio al Hospital para que informara acerca de los casos y a la Secretaría de Salud para que tomara las medidas competentes y correspondientes al caso, también se notificó a Migración Colombia para que verificara la legalidad de su estadía en el país.

Según el defensor Miguel Ángel Aguiar, la Secretaría no mostró interés, por lo tanto la entidad a su cargo presentó las acciones constitucionales de tutela para que se proteja los derechos de salud; “sin importar si están legales o ilegales, porque el trámite de migración se hará después.

“Primero verificamos que la Secretaría no asumiría los costos o los gastos de esa situación quirúrgica, y de las intervenciones que le hayan hecho a la señora gestante, al comunicarnos eso, pues tomamos la decisión de presentar las acciones de tutela” informó el Defensor del Pueblo de la regional Tolima.

“Según la ley 715 del 2001, la salud de los extranjeros transeúntes, sin la capacidad de pago, debe ser asumida por el ente departamental de salud, en este caso la Secretaría de Salud departamental”, finalizó Aguiar.