La posibilidad de modificar puntos esenciales de la Justicia Especial de Paz (JEP) está latente, tanto por las propuestas del No, como por las observaciones, más administrativas y procedimentales, que han elevado ante el Gobierno las altas cortes.

En entrevista con Colprensa, la presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Margarita Cabello Blanco, explica las propuestas, que se centran en fijar un lapso claro para el funcionamiento de la JEP y en estimar que esta justicia, aunque especial, debe regirse por las reglas de la ordinaria, en asuntos de tutelas, conflictos de competencia y en la imposibilidad de que revise las sentencias ya dictadas por esa Corporación.

- ¿En qué consisten las propuestas de la Corte Suprema?

En el documento que se le entregó al presidente de la República le expresamos que estamos dispuestas a colaborarle en los temas que necesite en justicia transicional, dejando unos puntos claros: no tenemos inconveniente en que sea especial, siempre que hiciera parte del poder judicial, pero con su propia articulación.

Me explico: que la justicia transicional sea para resolver los problemas que tienen que ver con el ingreso de las Farc a la legalidad, implica que ellos hacen su propia jurisdicción, organizan sus propios entes, resuelven los problemas que tienen que ver con el conflicto y el Tribunal de Paz falla.

Sin embargo, no puede estar suelta; debe regirse por todos los controles que rigen a la jurisdicción ordinaria.

Ellos resuelven todo lo que tiene que ver con el conflicto, pero en cuanto a controles, composición, requisitos y decisiones, se respeta la justicia ordinaria.

- Se había dicho que el esquema de Justicia Especial como una jurisdicción propia era muy novedoso, pero ustedes están diciendo que en asuntos administrativos debe mantenerse lo que ya está…

Correcto. Como justicia especial son los que deben resolver los temas relacionados con el conflicto, pero lo que tiene que ver con revisión de sentencias, conflicto de competencias sobre asuntos penales que van a ingresar, controles disciplinarios y penales de sus funcionarios y designación, por ser un Tribunal Nacional, debe regirse por las normas ordinarias, con independencia de que sea una justicia especial.

- La Justicia acordada en La Habana permitía revisar sentencias tanto de la Corte como del Consejo de Estado, ¿ustedes están en contra de eso?

Decimos que eso no se puede hacer. Que no sean revisadas, porque la Sala Penal es el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y no se podría abrir por otra jurisdicción.

Esas son decisiones ejecutoriadas y se encuentran en firme. En lo que tiene que ver con la JEP, sus órganos emitirán sus sentencias y sus últimas decisiones.

- ¿Por qué creen que la JEP debe durar cinco años?

Consideramos que como es justicia transicional debe tener plazo. La Sala Penal de la Corte se sentó a hacer un juicioso análisis de lo que había pasado con la justicia de paz que se hizo con los paramilitares, analizó lo que podría ocurrir y le pareció prudente establecer un término de cinco años, prorrogable por otros cinco. Es una propuesta, pero que ponerle término, de todos modos.

- ¿Se tiene el aparato institucional para conocer la magnitud de la violencia cometida por las Farc, teniendo en cuenta que Justicia y Paz (jurisdicción para los paramilitares) lleva 10 años y no alcanza las 40 sentencias?

Sí, pero ojo porque son sentencias con más de 15 mil víctimas, pues cada una tiene resueltos miles y miles de casos.

No es lo mismo una sentencia con un solo sujeto vinculado con una víctima que una sentencia con casos donde hay hasta cinco mil víctimas y cada víctima es casi un proceso independiente. De todos modos el plazo es una propuesta y tiene que ser sujeto al análisis de todas las partes.

- Por lo que dice, se podría señalar que la investigación que hace la Fiscalía, con patrones de macrocriminalidad ¿sería un modelo útil para investigar la violencia de las Farc?

El esquema trae su propio sistema de investigación y de acusación. Todas estas cosas que han pasado, los procesos que tienen la Fiscalía, los Tribunales y la Corte, podrían servir de análisis para determinar la magnitud de lo que se va a hacer, podría servir de patrón.

Lo que decimos es que debe haber un plazo que no sea muy extenso, porque en algún momento hay que terminar, para que todo vuelva al manejo de la jurisdicción ordinaria, natural de un estado democrático.

- ¿Cómo ha sido el proceso de reuniones con la delegación negociadora del Gobierno?

Desde marzo o abril empezamos a tener conversaciones y a intercambiar opiniones, para que todo salga de la mejor manera posible.

- Se acordó que las propuestas serán llevadas a La Habana…

Sí. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en la interpretación de lo que habíamos entregado y la idea es llevarlas, junto con todas las otras propuestas que existen, para ver qué resultado obtenían.