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Un nuevo plan tiene la Alcaldía de Ibagué para que se ponga en marcha la obra conocida como el Tanque de la Fiscalía, que desde el 2015 está en ‘veremos’ por cuenta de un litigio jurídico, en medio de denuncias de incumplimientos de parte y parte.
La intención desde hace unos ocho años es que en un predio, ubicado en inmediaciones de la Fiscalía se instale un tanque de almacenamiento de agua de 10 mil metros cúbicos, por lo que la Administración de Andrés Hurtado proyecta una nueva inversión, para revivir el proyecto que ya pasa por tres alcaldías.
Según explicó el mandatario, se prevé que en la ‘nueva’ obra se haga una inversión de $8 mil millones para poner en funcionamiento el tanque metálico con recubrimiento interior porcelánico, que por años estuvo en manos del consorcio Atria, encargado de la obra en su momento. El contratista trajo el tanque desde Inglaterra y estuvo guardado en una bodega del centro empresarial Oikos de la vía Ibagué-Buenos Aires.
Hurtado dijo que en diciembre se logró que el consorcio Atria le entregara el tanque al Ibal, desenredando parte de las pretensiones que existen del Municipio contra el contratista.
“Ya nos entregaron el tanque de almacenamiento, está en manos del Ibal y vamos a sacar en los próximos días la licitación para la instalación del tanque de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos, esperamos que se haga una inversión cercana de alrededor a los 8 mil millones de pesos que nos permitan garantizarle agua potable a toda la zona de expansión”, señaló el mandatario.
Cabe señalar que en el 2020, quedó en evidencia el abandono en el que se encontraba la estructura, el hierro instalado para hacer la cimentación del tanque metálico y que tiene cerca de 28 metros de diámetro, estaba completamente oxidado y la maleza con el paso de los años creció entre el material.
Aunado a la falta de atención estatal, en mayo del 2021 quedó expuesto cómo personas inescrupulosas se robaron el hierro de la estructura que fue pagada por el Municipio y que pese a los avisos del consorcio Atria, no empezó a ser custodiada sino hasta después de que se la llevaran, según la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) un 65 % de la estructura. Vigilancia que se hizo luego de denuncias hechas por el exconcejal Rubén Darío Correa, Vapi y el entonces diputado y ahora secretario de Gobierno de esta Alcaldía, Milton Restrepo.
Al respecto, el burgomaestre sostuvo, “quedó en el presupuesto que se debe hacer una evaluación estructural a lo que ya se había instalado, dado que estuvo expuesto a la intemperie durante muchos años, alrededor de siete años, cuatro del gobierno anterior y tres de lo que resta de nosotros desenredándolo jurídicamente. Estaban expuestos los aceros y no sabemos si nos den las garantías de resistencia, pero quedó incluido en el presupuesto que es lo primero que tiene que hacer el constructor, tal cual nos pasó con el proyecto de las piscinas olímpicas, debemos hacerlo con esta obra que alcanzó a realizarse en una parte con Luis H.”.
Los nuevos recursos
En cuanto a la inversión, que como ya dijo Hurtado es de $8 mil millones, el mandatario señaló que la idea es que los recursos los ponga la Alcaldía, pero se encargue de la ejecución el Ibal, por ello se suscribirá un convenio entre la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo y la empresa de acueducto y alcantarillado.
Sin embargo, vale la pena descartar que la inversión que anuncia la Alcaldía es casi un 80 % de lo que se destinó en su momento para poner a andar la obra. En el gobierno de Luis H. Rodríguez, el contrato 2511 se suscribió en el 2015 con una inversión inicial de $9.970 millones.
Esto sin contar que en el mismo 2015, en la Alcaldía del exalcalde que hoy está preso en una cárcel del Espinal, también se hicieron estudios y diseños, mismo que se realizarán ahora para determinar qué sirve y qué no del proyecto.
Por su parte, la gerente del Ibal, Érika Melissa Palma, sostuvo que la inversión exacta es de $8.100 millones, pero esta incluye la interventoría.
La pelea jurídica continúa
Aunque el burgomaestre señaló que se está desenredando el tema judicial con el contratista, lo cierto es que las peticiones tanto del Municipio como del contratista están en curso.
La directora jurídica de la Alcaldía, Johana Méndez, señaló que, “actualmente los procesos judiciales con el consorcio Atria están vigentes. El arreglo al que se llegó fue para recibir el tanque teniendo en cuenta que contractualmente el mismo ya había sido recibido por la administración anterior”.
Méndez confirmó que la Administración municipal presentó una demanda en la que “se pretende que Atria pague unos recursos por concepto de exceso de la cláusula penal que se hizo efectiva en el proceso sancionatorio y adicionalmente perjuicios”, solo por concepto de la cláusula penal los recursos alcanzan los $3.400 millones.
Entretanto, el consorcio Atria le pide a la Administración municipal, por un lado $2.807 millones y adicionalmente otros $9.262 millones por daños y perjuicios.
Inversión de particulares
El alcalde Hurtado mencionó que vía plusvalía iniciará trabajos que también se desprenden del Acueducto Complementario, esto se hará a través de los constructores, varios de ellos interesados en que a sus proyectos llegue agua potable.
“Vía plusvalía, que ya la reglamentamos, van a iniciar en los próximos días la construcción de la línea que queda entre el tanque sur de Miramar y el tanque de la zona industrial El Papayo por alrededor de $14 mil millones”, dijo Hurtado.
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