Según el acta de adjudicación firmada por la gerente del Ibal, Erika Palma, el millonario y cuestionado contrato se le entregó al consorcio Abastecer 23, cuyo representante legal es Olaguer Agudelo Prieto.

El Ibal señaló que el consorcio cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia y que además el comité evaluador recomendó la propuesta por encima de la otra oferta entregada. 

La designación se hace en medio de las denuncias de la veeduría Total 824, que en su momento advirtió un presunto favorecimiento al consorcio ganador, además había señalado que se hicieron unos cambios de último momento por parte del Ibal, que terminaron ajustando el proceso contractual a lo que ofertó el ahora contratista, lo que se conoce como un ‘contrato chaleco’. 

Asimismo, la veeduría denunció una supuesta falsificación de documentos de la empresa de servicios públicos del Espinal, argumentando aparentes inconsistencias en logos, firmas y estilo entregados, además de que no cumpliría con la experiencia general por no allegar una serie de documentos en el momento exacto.

Sin embargo, el Ibal en respuesta a tales observaciones indicó que se comunicó con la empresa del Espinal, quien autenticó a través de la oficina jurídica los documentos. 

Denuncias escalaron a los entes de control

Las reiteradas denuncias de la veeduría, fueron llevadas hasta los entes de control, por un lado la Personería municipal abrió una indagación previa contra el Ibal, por las posibles modificaciones a los requisitos exigidos en los términos de referencia iniciales y en el cronograma.

A su vez la Procuraduría requirió de manera urgente e inmediata verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la invitación 001 de 2023, “en aras de evitar interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de los oferentes, del comité evaluador y de quienes ejercen el control social”.

“Llama la atención de la Procuraduría que, a pesar de que las invitaciones 195 del 2022 y 001 de 2023 tienen el mismo objeto contractual y presupuesto, en esta última, el comité evaluador habría desconocido disposiciones y requisitos de los términos de referencia y del cronograma establecido.

“Entre otras posibles inconsistencias, la entidad tuvo conocimiento que al evaluar la propuesta, el comité habría aceptado como válidas las subsanaciones publicadas en plataforma del Secop II por el consorcio Abastecer 23 y el consorcio Ptap MCJ 23, por fuera del plazo establecido”, reseñó la entidad del orden nacional. 

¿Quién es el consorcio ganador?

El consorcio Abastecer 23, está conformado en un 58 % por Asdico Ltda, cuyo representante legal es Olaguer Agudelo Prieto; con un 40 % está Aitor Mirena de Larrauri Echevarría; la organización Oreka SAS, representada por Julio Junior Tovar con un 1 % y de nuevo aparece el nombre de Olaguer Agudelo Prieto con un 1 %.

Larrauri Echavarría y Julio Junior Tovar ya tienen un contrato con la Administración del alcalde Hurtado por $3.427 millones para un proceso de reubicación de familias asentadas en el Hato de la Virgen.

Además, Larrauri Echavarría aparece en la ejecución de varios proyectos durante las dos administraciones del exgobernador Óscar Barreto y en la del exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez. 

Ibal se defiende

El Ibal a través del portal de contratación estatal aclaró que al igual que la veeduría también solicitó acompañamiento preventivo de los entes de control para desarrollar la invitación pública; el 1 de febrero habría hecho una visita la Personería y el 6 del mismo mes, la Procuraduría, “quienes accedieron a todas las actuaciones adelantadas en el curso del citado proceso de contratación y a quienes se ha remitido oportunamente toda la documentación requerida”, sostuvo el Ibal, que además le dijo a la veeduría que si en su “sabiduría jurídica” consideraba que existían delitos que denunciara.

A su vez añadió que en medio del proceso, se han hecho “solicitudes y quejas temerarias, irrespetuosas, infundadas y repetitivas por parte de la veeduría Total 824, en el afán de obstaculizar el presente proceso de contratación”.

Y puntualizó, “se hace claridad, que si bien es cierto que la invitación 195 de 2022 fue declarada desierta por presentarse inconsistencias en las certificaciones de experiencia del personal aportado por un proponente, lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por parte del Ibal, no quiere decir que los funcionarios del Ibal sean corruptos o que los procesos de contratación sean ilegales como lo quiere hacer ver la citada veeduría Total 824 ante todos los entes de control y medios de comunicación, ni mucho menos que todos los documentos aportados por los oferentes sean falsos”.

Además, le recordó  que la veeduría nunca ha dado a conocer el nombre de su representante legal. 

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