Luego del anuncio del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, de revivir la construcción de la obra conocida como ‘Tanque de la Fiscalía’ o zona industrial, que en su momento fue contratada y después frenada por un lío judicial y hace parte de la totalidad del proyecto Acueducto Complementario, dos oferentes mostraron su intención de quedarse con la licitación pública que se hace a través del Ibal con una inyección de $7.339 millones. 

En el trámite ya habría un virtual ganador, pues según el informe de evaluación que hace el comité del Ibal, solo uno de los interesados logró cumplir con las exigencias de la empresa de acueducto y alcantarillado, se trata del consorcio Zona Industrial 2023, quien quedó habilitado técnica, jurídica y financieramente, caso contrario al consorcio Aqua Sol que no cumplió las exigencias técnicas. 

Según el portal de contratación estatal, la licitación debe adjudicarse el próximo viernes 5 de mayo. 

Cabe destacar que la obra comprende la instalación de un tanque de almacenamiento de agua de 10 mil metros cúbicos y busca suministrar el recurso a la zona de expansión. 

Ya han trabajado con el A. Complementario

Uno de los interesados es el consorcio Zona Industrial 2023; integrado por J.J. Ingeniería Construcciones S.A.S. (Incon) con un 80 % y cuyo representante legal es Jorge Eduardo García Barrera.

Esta misma persona también es el representante de la empresa Consical S.A.S. con un 10 %.

García Barrera ya estuvo vinculado a obras del Acueducto Complementario, en la etapa I con el consorcio Acueducto de Ibagué, y en el contrato que se suscribió con el Consorcio Acueducto Ibagué 2017 para la ejecución de la etapa Uno de la fase Dos y cuyo valor del contrato pasó de $27 mil 442 millones a $42 mil 844 millones por tres adiciones hechas en su momento.

El otro integrante con el 10 % restante, es la empresa Ingenieros GF S.A.S. a cargo de Hernán José H. Galvis Francassi, quien tampoco es ajeno al proyecto del Acueducto Complementario pues estuvo vinculado también en el consorcio que ejecutó la fase Uno y la etapa Uno fase Dos. 

El segundo oferente

El otro interesado, quien aún puede subsanar las exigencias del Ibal, es el consorcio Aqua Sol; integrado en un 60 % por Aquared Ingeniería S.A.S. representado legalmente por Orlando Cárdenas Burbano.

La empresa Aquared se dedica a obras de ingeniería y consultoría en temas de agua, construcción, diseño y optimización de redes, entre otros. 

El otro 40 % está a cargo de Soling Soluciones Innovadoras en ingeniería S.A.S. representada legalmente por José Luis García García.

En su página web, se asegura que la empresa nació en 2013 y se dedica al diseño, fabricación, comercialización e instalación de productos para solucionar problemas de corrosión. 

En medio del proceso, Vapi pidió respuestas a varios interrogantes que aún siguen en el aire frente a un primer proceso que arrancó en la Alcaldía de Luis H. Rodríguez, 

siguió en la de Guillermo Alfonso Jaramillo y se frenó por un litigio jurídico.  

Preguntas sin resolver

En medio de los anuncios del Gobierno local, la veeduría Agua para Ibagué (Vapi) radicó en marzo ante la Contraloría General de la República Gerencia zonal Tolima un derecho de petición en donde solicita que se dé respuesta a varios aspectos relacionados con el denominado Tanque de la Fiscalía y el proceso que se puso a andar en 2015, pues en el mismo hay recursos del estado comprometidos y se alcanzó a hacer la instalación de la cimentación del tanque.

“El acero para la cimentación del tanque se encontraba instalado en su totalidad, por circunstancias, como no tener vigilancia sobre las obras construidas, se robaron aproximadamente 63.500 kilogramos de acero. Adicionalmente, se hace imperativo decirle a la ciudad, qué pasó con el lío judicial entre el Consorcio Atria y la Alcaldía de Ibagué”, advierte Luis Fernando Díaz, representante legal de Vapi.

Entre los múltiples requerimientos, la veeduría pide que se aclare quién responderá por el robo del acero en donde estaba previsto instalar el tanque.

Se solicitaron los estudios de la línea de conducción que llenará el tanque de 10 mil metros cúbicos, el diseño de la caseta de válvulas para operar el tanque, así como los diseños de la línea de conducción hacia sectores como La Samaria o Picaleña. 

Además Vapi espera conocer cuál fue el acuerdo entre el consorcio Atria, anterior contratista, el Municipio y  el Ibal, y los informes de supervisión e interventoría, aunado a actas de recibo de obra realizadas al consorcio Atria. 

Otro de los requerimientos busca que se conozca el estado actual del tanque de almacenamiento, toda vez que el mismo estuvo guardado por siete años en una bodega del centro empresarial Oikos de la vía Ibagué-Buenos Aires, ante los pleitos jurídicos. El mismo alcalde Andrés Hurtado señaló que logró que le fuera entregado el elemento que pasó a manos del Ibal. 

Vapi solicitó una certificación sobre el estado actual del tanque y preguntó a las autoridades si pasados siete años y una vez instalado el tanque, el fabricante brindará las mismas garantías.

Además pidió la factura entre el fabricante y el comprador del tanque y los registros de importación y legalización aduanera, documentos que se vienen exigiendo desde hace más de un año. 

Aunque son múltiples los cuestionamientos, Vapi acotó que ya pasó más de un mes sin que se entregue una respuesta.

La interventoría 

Para el proceso de interventoría del tanque ubicado en la zona industrial, el Ibal adelantó un concurso de méritos abierto avaluado en $610 millones 447 mil 141 pesos.

Las ofertas de los interesados se podrán hacer a partir del próximo 27 de abril y se tendría que estar adjudicando el próximo 10 de mayo. 

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