La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra Edna Margarita Murcia Mejía, contralora de Ibagué, para indagar por presuntas irregularidades en la vinculación y desvinculación de personal en el ente de control fiscal de la ciudad.

Según la entidad del Ministerio Público, se busca establecer si la contralora “vinculó a funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia establecidos o incursos en presunta inhabilidad o incompatibilidad, y si tuvo personas ajenas al órgano departamental ejerciendo funciones y labores propias de su despacho”.

Aunado a este hecho, también se pretende establecer si Murcia Mejía permitió que el vehículo oficial asignado a la entidad fuera usado por su esposo Antonio Fajardo Rico y si impuso trabajos ajenos a sus funciones a cuatro auditores de la Contraloría, “modificando el manual de funciones y la planta de personal, sin contar con la autorización del Concejo municipal ni con la de la Comisión Nacional del Servicio Civil”, reseñó la Procuraduría.

En ese sentido y en aras de determinar si existen faltas disciplinarias y un perjuicio por los hechos, se ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima sostuvo que la funcionaria podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.

 Ya se había investigado

Cabe recordar que esta no es la primera investigación que se hace en la Contraloría de Ibagué, en marzo un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegó hasta las instalaciones de la Contraloría en el Palacio Municipal con la intención de hacer una inspección a esa entidad.

Tras la visita, fue la misma contralora Murcia quien confirmó la presencia del CTI, pero alegó desconocer el por qué de su presencia e indicó que en la diligencia se le solicitó información de la hoja de vida de funcionarios de la entidad, copias de información financiera y una inspección física al vehículo de la entidad que se dio de baja en el 2021.

Para ese entonces la contralora aseguró que habría una supuesta intimidación para evitar que dejara de hacer su labor de vigilancia fiscal. “No importa los medios que utilicen para intimidarme, para pretender alejarme de mi familia, para que se persiga a uno u otro funcionario o para dejar de vigilarlos como es mi deber”, sostuvo luego de la presencia del CTI.

Previamente, en una reunión de Asocapitales en el 2022, el alcalde Andrés Fabián Hurtado denunció en presencia del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez y la auditora general, Alma Carmenza Erazo, una serie de irregularidades de la contralora local.

Hurtado señaló que las contralorías eran “empresas de extorsión y persecución política”, y advirtió que existiría una supuesta presión a los funcionarios públicos en la capital tolimense por parte del ente de control fiscal. 

Además denunció que el esposo de la contralora Edna Margarita Murcia, Antonio Fajardo Rico, presuntamente usurpó las labores de la titular del ente de control y que era él quien tomaba las decisiones. A lo que la contralora respondió que las manifestaciones eran irrespetuosas, “hace mal un funcionario público al demostrar su desdén, atacando la institucionalidad de la ciudad. La ley no me prohíbe recibir la visita de mi familia en mi sitio de trabajo”.

DATO

La contralora fue elegida en el cargo en el 2022 por las mayorías del Concejo de Ibagué, con 18 de los 19 votos a favor.

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