Se aprobó política pública para vendedores informales de Ibagué

Crédito: Archivo / EL NUEVO DÍAVarios lineamientos hacen parte de la Política Pública para el vendedor informal establecida a Nivel nacional.
Con los lineamientos establecidos se espera disminuir la pobreza, y se logre desde el trabajo autónomo dignificar las labores de comerciantes no formales

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El Concejo municipal de Ibagué, aprobó el proyecto de acuerdo 002 de 2023 mediante el cual se adopta la Política pública del vendedor informal.

La cual se considera la ruta de acción para que las próximas Administraciones municipales trabajen por el beneficio de los vendedores informales y con ello la vida digna de los mismos. Teniéndolos en cuenta como actores importantes para la economía de la sociedad.

Según lo relatado desde la Administración Municipal, durante más de seis meses, un equipo interdisciplinario adelantó mesas de diálogo con asociaciones de vendedores informales, comercio formal y la ciudadanía de las 13 comunas, haciéndolos partícipes.

Además, haciendo evidente que la mayoría de trabajadores informales son hombres, y que más del 90 % de los vendedores ambulantes no cotizan a pensión.

Así las cosas, en cumplimiento a la Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022, se presentó ante el Concejo Municipal la Política Pública para el Vendedor Informal en Ibagué, la cual consta de tres lineamientos, nueve estrategias y más de 100 actividades dirigidas a los diferentes actores públicos y privados, siendo la iniciativa respaldada por los cabildantes, y convirtiendo a Ibagué en una de las pocas capitales del país que cuenta con dicha política, como Medellín. 

Por ejemplo, promover el registro del Sisben, vincularlos al régimen subsidiado de salud, promover la formalización del vendedor informal.

Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico Municipal, relató “este es un trabajo completo y meticuloso, el cual inició con las ya aprobadas Política Pública de Desarrollo Económico, continúa con la Política Pública para el Vendedor Informal y seguirá con nuestra próxima apuesta: la Política Pública para el Empleo Digno y Decente en Ibagué”.

Añadió, "con esta política pública, la Administración Municipal de turno deberá velar por el cumplimiento de tres objetivos específicos, que son: Disminuir la vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio público, reducir la pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad, y aumentar la credibilidad del Estado en los programas enfocados a las mejoras en el uso del espacio público. Todo esto en cinco fases que deberán concluir en el año 2032”, sostuvo García.

 

Palabras de 'informales' 

Antonio Botero, integrante de Copetintil, la Cooperativa de tinteros del Tolima, dijo que con este proyecto esperan que dejen de ser perseguidos y se reconozca el trabajo que algunos adelantan por más de 15 años, pasando de generación en generación.

En esta misma línea, Jackeline Díaz comentó que, “en nuestra sentencia dice que la Alcaldía debe articular y aplicar un proyecto para la recuperación del espacio público de manera integral, donde el programa se formalice y de un trato digno al vendedor, lo cual no ha sido posible en 24 años que la sentencia fue dada.

Llevamos viendo unas reubicaciones que no han sido posible que sean dignas para el vendedor".

Por tanto, esperaban que la política pública realmente favorezca a los vendedores y no se quede solo en documento, sino que con un constante seguimiento la policía sea sostenible en el tiempo y arroje los resultados esperados.

El concejal Jaime Tocora, manifestó que con dicho lineamiento se buscaba dignificar la labor de los vendedores informales “recordarle a  la Administración municipal que se hace necesario que se garanticen los derechos de todos los trabajadores informales de Ibagué porque justamente hacía allá apunta este tipo de iniciativa".

El presupuesto para que lo estipulado en el proyecto se haga real es una de las preocupaciones que quedaron, al igual que los vendedores informales ajenos a la ciudad que se dedican a esta labor.

Además, el concejal Miguel Bermúdez fue enfático en que la Alcaldía, "no se puede ir sin presentar ante el Concejo municipal la reglamentación de la política pública, por ello quedó establecido que el Alcalde tiene 6 meses para presentar los términos finales de cómo se hará vigilancia y control de esta herramienta". 

DATO

Según el informe más reciente del Dane, Ibagué ocupa el puesto 16 en informalidad con una tasa del 46,2 %

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Credito
Redacción Ibagué

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