En junio de 2021, en cabeza de la personera Municipal, Francy Johanna Ardila Salazar, fue instaurada una acción popular contra el Municipio de Ibagué, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y la Inspección Quinta de Policía, en procura de recuperar la tranquilidad y garantizar el descanso nocturno de los habitantes del conjunto residencial Bosque Largo y la Octava etapa del Jordán.

Poco más de dos años después, la Personería de Ibagué logró que se ordene a la Administración Municipal que adelante las gestiones pertinentes para garantizar el derecho a la tranquilidad de los habitantes de este concurrido sector de la ciudad.

Búsqueda de soluciones 

Fueron varios los derechos de petición que adelantaron los directamente afectados desde principios de 2020 hasta los primeros meses de 2021, en procura de obtener soluciones a las problemáticas que venían padeciendo, sin embargo, las respuestas obtenidas, no satisfacían  los requerimientos de la comunidad.

Ante la continuidad de la perturbación de su tranquilidad, ocasionada por la instalación de lugares de expendio de licor en establecimientos como cafés fuentes de soda tabernas y bares abiertos al público hasta altas horas de la noche, con música a volumen excesivamente alto, los ciudadanos acudieron a la Personería Municipal en busca de una solución a sus padecimientos.

Restablecimiento de derechos

Mediante la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo el pasado 11 de julio, se resolvió en primera instancia que fueran amparados los derechos colectivos de los residentes de esta zona, quienes habían manifestado en reiteradas ocasiones que su tranquilidad se estaba viendo seriamente comprometida.

Con la decisión judicial se ordena a la Alcaldía de Ibagué, realizar constantemente mediciones de control a los niveles de ruido de los establecimientos comerciales, revisar la compatibilidad de uso del suelo y verificar que la actividad económica desarrollada en los predios, se encuentre acorde con el plan de ordenamiento territorial.

Asimismo, obliga a la Administración a coordinar labores de vigilancia para prevenir la ocupación indebida del espacio público.

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