Para el próximo 17 de agosto debería estar completamente implementado el sistema acusatorio oral en la Justicia Penal Militar, pero la falta de presentación de un proyecto de ley que cree una Fiscalía y un CTI penales militares tiene, en su parte práctica, congelado el proceso.  

La Ley 1407 de 2010, que expidió el nuevo Código Penal Militar e incluyó la oralidad en la justicia castrense, dispuso un tiempo de un año para tener un plan de implementación del sistema, al término del cual ya deberían estar reglamentadas los tres elementos que sustentan de base este tipo de sistema acusatorio: una Fiscalía, un Cuerpo de Investigación y una Defensa Técnica.  

Esto, además de la capacitación de jueces de ejecuciones de penas, jueces de control de garantías, un edificio para el tribunal penal militar y las salas de audiencias, entre otros aspectos.  No obstante, a pocos días de cumplirse ese plazo, el Ministerio de Defensa sólo ha presentado el proyecto de ley de defensoría técnica militar que avanza actualmente en el Congreso. Este proyecto que para el jefe de la cartera, Rodrigo Rivera, es vital porque dará la posibilidad a los militares de tener una defensa sin tener que endeudarse para pagarla, no podrá aplicarse una vez sea aprobado si no hay Fiscalía ni CTI penales militares. 

Es un círculo vicioso del que necesita salir la JPM para entrar a operar plenamente. Actualmente, rige el nuevo Código Penal Militar pero en la parte sustancial, ya que la práctica, en los procesos, se hace bajo el código pasado, debido a que los encargados de la administración de justicia no tienen cómo más hacerlo.  El temor actual que existe en el sector es que se presente una avalancha de tutelas, que haya nulidades, vencimientos de términos y libertades en los procesos de los militares investigados por la presunta comisión de una falta en ocasión de su servicio. 

Lo que sí está listo en la Dirección Ejecutiva de la JPM es el plan de implementación gradual del Sistema Acusatorio. Se trata de un proyecto de decreto que, según señaló la entidad, se encuentra en trámite de firmas y que contempla cuatro fases “iniciando en Bogotá en enero de 2012  y sucesivamente en el resto del país”.  La segunda fase será en el área Andina en el 2013, la región Caribe para el 2014 y el resto del país para 2015. 

Congelada 

Para el experto en JPM y actual director de la Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía Azuero, la justicia castrense está simplemente “congelada”, ya que a su juicio, de nada sirve que esté listo el proceso de implementación si no están ni la Fiscalía ni el CTI. 

“Desde la Defensoría resulta dramático respecto de las dificultades para ejercer la defensa técnica por la zozobra en que se encuentra la JPM. Y, peor aún, el proyecto de ley de defensa técnica que presentó el Ministerio de Defensa no va a servir para nada si no se adecúa el sistema penal militar en la parte acusatoria. La JPM está quieta”. 

Mejía Azuero ya tiene conocimiento de que varios abogados han interpuesto tutelas y otros recursos judiciales por esa ‘zozobra’ que, además, puede provocar en términos de estándares internacionales impunidad.  

A esto se le suma la incertidumbre de los militares que no tienen acceso a una justicia pronta y eficaz que les solucione su situación.  La JPM señaló que en la presente legislatura será radicado por parte del Ministerio de Defensa el proyecto de ley por el cual se “estructura la administración de Justicia Penal Militar, se establecen requisitos para el desempeño de cargos en la Jurisdicción, se reglamenta la Fiscalía General Penal Militar, se organiza el Cuerpo Técnico de Investigación y se dictan otras disposiciones”.  

Ahora, hay que esperar que el debate del proyecto, si en efecto se radica en esta legislatura, tenga prelación en la agitada agenda del Congreso de la República que, además, por lo menos hasta octubre estará en campaña política por las elecciones locales.  El magistrado del Tribunal Militar coronel Camilo Suárez Aldana espera que los proyectos de ley se presenten en esta legislatura y con mensaje de urgencia para que su trámite no se extienda y empiece a operar el sistema completamente en enero del próximo año.

“Nosotros ya venimos aplicando la ley desde el 17 de agosto del año anterior en lo que tiene que ver con temas de contenido sustancial que son susceptibles de aplicar, no así la procedimental que está sujeta al plan de implementación. Aplicamos la parte general y sustancial del Código; por ejemplo, lo que tiene que ver con la libertad, la detención preventiva  y la graduación de la pena”, señaló.

A juicio del Magistrado, la JPM no está congelada, ya que el sistema de administración de justicia es un servicio público trascendental por lo que actualmente se aplican los principios generales del código con el procedimiento del código pasado.  pasado tuvieron como causa de su deceso traumatismo intracraneal. Por eso las autoridades recomiendan utilizar un casco a la medida y que su sistema de cierre funcione correctamente.