Las declaraciones del director de la Defensoría Militar, Demil, Jean Carlo Mejía Azuero, “en las masacres de Trujillo, Valle; Santo Domingo, Arauca; y posiblemente de Pueblo Bello, Antioquia, hay una indeterminación de víctimas o personas que no lo eran y resultaron incluidas” prendieron un escándalo en la población vallecaucana.

El martes pasado la Fiscalía reveló irregularidades en la masacre de Mapiripán. Se indicó que ocho de las personas reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, como víctimas nunca lo fueron.

También se hicieron señalamientos contra el colectivo José Alvear Restrepo. El colectivo anunció el viernes pasado la devolución de honorarios que obtuvieron de una de las supuestas víctimas de la masacre de este pueblo del Meta. Por ello el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que llevará el caso hasta la Organización de Estados Americanos, OEA.

Entre tanto, el expresidente de la Asamblea del Valle y exalcalde de esa localidad, Rubén Darío Agudelo Puerta, quien estuvo detenido en La Picota por un falso testigo que lo vinculó con la masacre de Trujillo, ocurrida entre los años 1987 y 1994, cuestionó duramente el accionar del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, por “desangrar al Estado”.

Según Agudelo Puerta, estos juristas “no son ningunos defensores de los derechos humanos”, pues de acuerdo con su apreciación, han convertido el dolor de las víctimas en un negocio lucrativo.

“Estos abogados, en contubernio con algunos fiscales, han montado un negocio en torno a estos hechos”, indicó el exalcalde de Trujillo, quien dijo que está preparando una demanda en contra de este Colectivo de Abogados y contra el Estado por el daño que le causaron al mandarlo a la cárcel por unos hechos de los cuales no tenían pruebas.

Agudelo fue capturado por el CTI de la Fiscalía el 16 de septiembre de 2008 y recobró su libertad nueve meses después, el 16 de junio de 2009, acusado de los presuntos delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

Pero Agudelo Puerta no es el único que está convencido que muchas personas sacaron beneficio de los hechos que marcaron la historia de esa población a finales de los años 80.

De acuerdo con Luis Enrique García, expresidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, Afavit, muchos vivos se aprovecharon de las circunstancias y obtuvieron indemnizaciones y hasta les adjudicaron casas en la urbanización Tiberio Fernández Mafla, recientemente inaugurada en ese municipio.

“Conozco de muchas familias que les mataron o les desaparecieron a sus seres queridos y hasta ahora el Estado no les han dado ni una aguja”, indicó García quien dijo que sabe de personas que no son víctimas de la masacre y que fueron beneficiadas con el plan de vivienda.

En el mismo sentido se pronunció Liliana Giraldo. “Sería muy bueno que investigarán a fondo esto, porque este grupo de abogados del colectivo José Alvear Restrepo hablan muy bonito, pasean mucho, pero no veo que a las verdaderas víctimas las hayan reparado”, indicó la señora Giraldo.

Así mismo, en Trujillo se sabe de una señora que hizo parte de un grupo de 30 personas que fueron rechazadas porque no reunían los requisitos para reclamar y el año pasado la mujer recibió recursos de Acción Social.

Por su parte, Orlando Naranjo, presidente de Afavit, desmintió que esto haya ocurrido en el caso de Trujillo, pues según él, “hasta el momento desconozco que se haya presentado algún fraude o falso testimonio”.

De igual forma, Naranjo, manifestó que la organización de familiares de las víctimas de Trujillo, “está abierta a cualquier investigación que se vaya a hacer”.

Indicó que solamente 34 familias, de las 342 que fueron afectadas por esos hechos de violencia, fueron indemnizadas, que son los mismos que determinó el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, el resto sigue esperando que el Estado cumpla con el compromiso de hacer justicia y reparación.

A su turno, la hermana, Maritze Trigos, de la comunidad Dominica de la Presentación, quien acompaña a estas familias desde hace 14 años, dijo que puede meter las manos a la candela por el Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, pues según la religiosa, estas personas “se caracterizan por su seriedad, su transparencia y ética profesional”, por lo que está convencida que en el caso de la masacre de Trujillo no se pudieron presentar “colados” o falsas víctimas.