La Federación Internacional de Derechos Humanos, Fidh, pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que rectifique los recientes cuestionamientos públicos que ha hecho en contra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, por el caso de las ‘falsas víctimas’ de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, al considerar que ese grupo ha actuado de buena fe y con plena transparencia

En carta dirigida al presidente Santos, en conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, Omct, la Fidh rechaza las palabras del jefe de Estado en contra de los integrantes del Cajar a quienes llamó “avivatos” y “corruptos”.

Según las dos organizaciones, las declaraciones constituyen un precedente sumamente grave “en la medida en que revelan la voluntad, desde las más altas esferas del Estado colombiano, de estigmatizar y desacreditar al Cajar, organización que durante más de 30 años ha demostrado su compromiso en la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”.

La misiva señala que el hecho de que la víctima Mariela Contreras haya sido reparada por la muerte de un hijo, quien reapareció con vida en 2008, no puede ser utilizado para desprestigiar la labor de defensa del Colectivo, toda vez que las víctimas fueron primero acreditadas por la Fiscalía y luego sí presentadas por el Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 â€œNo fue el Cajar la primera entidad en reconocerlas como víctimas. Además, sobre tres de los núcleos familiares que la mencionada ONG representó no se ha hecho hasta ahora reproche alguno por parte de la Fiscalía”, señala la carta.

Las organizaciones reiteran que el Estado colombiano reconoció el 4 de marzo de 2005 su culpabilidad en la masacre, que fue perpetrada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá “con la colaboración, aquiescencia y/u omisión del Ejército colombiano”.

“Es importante agregar que por la responsabilidad en la mencionada masacre han sido condenados altos oficiales del Ejército, estando pendientes la investigación y la sanción penal de otros generales que también tuvieron responsabilidad en la ocurrencia de la misma”.

La Fidh apuntó que el hecho de que la mayoría de las víctimas hayan sido descuartizadas y sus restos arrojados al río Guaviare, dejó la incertidumbre sobre el número de personas desaparecidas.

“En ningún momento esta circunstancia, que fue aprovechada por la Sra. Mariela Contreras y otras posibles falsas víctimas para emitir falsas declaraciones, tanto a la Fiscalía como al Cajar y a la Cidh, puede ser usada con miras a deslegitimar tanto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Igualmente, las organizaciones señalaron que el Cajar no se lucra de las víctimas, sino que los recursos obtenidos por las indemnizaciones recibidas por las familias a quienes representan son utilizados para su funcionamiento.

La Fidh pidió además que se tomen medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de sus integrantes del Cajar que incluyan un nuevo sistema de protección independiente, seguro y efectivo.

Finalmente, las organizaciones pidieron que se tomen todas las medidas para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación y que este caso se resuelva con prontitud.