Tras su silencio de una semana el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, aseguró que no promulgará la enmienda constitucional de la Reforma a la Justicia.

El senador dijo que el camino de la convocatoria a sesiones extras es equivocado para estudiar las objeciones del acto legislativo.

De la misma manera, el senador responsabilizó al Gobierno nacional por la forma como fue tramitada, en su parte final, el controvertido proyecto.

Reconoció que al regresar al país se reunió con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para hablar sobre el tema.

Así mismo, reiteró que no renunciará a su curul, tal como lo hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el pasado viernes en la noche tras la polémica desatada en el país.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Este es un proyecto que es del Gobierno, un acompañamiento en todo del Gobierno, si bien el ministro no participó en las circunstancias que ustedes conocen”.

Corzo, quien indicó que fue “vehemente” en insistir la presencia del Ministro en la conciliación, sostuvo en que el ministro saliente, Juan Carlos Esguerra, tuvo la oportunidad de incluir lo que consideraba se debía corregir en la fe de erratas y no lo hizo.

El presidente del Congreso aseguró que la “Reforma venía muy bien” cuando él la leyó. “Nunca advertí las irregularidades… yo sí leí la reforma y como venía, venía muy bien pero no advertí muchos temas”, insistió ante la prensa.

Demandan el llamado a extras de la Presidencia por Reforma a la Justicia
Ante el Consejo de Estado fue demandado el decreto mediante el cual la Presidencia de la República convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, para analizar las objeciones a la Reforma a la Justicia.

El demandante, Alfredo Castaño Martínez consideró que esta convocatoria es extraconstitucional, porque la reforma, “mal o bien”, fue aprobada por el Congreso en dos legislaturas consecutivas, como señala la Constitución.
“Es una purga de un acto que es inconstitucional, por vicios de trámite y fondo, mediante otra ilegalidad, otra inconstitucionalidad”, señaló el jurista.

A juicio de Castaño Martínez, el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para hundir la Reforma a la Justicia es un
“adefesio constitucional”; la salida adecuada sería un referendo para tumbarla.

Esta demanda se genera luego de que el Gobierno nacional ratificara ante la Secretaría general del Senado, el memorial de 68 páginas con el cual fundamenta las objeciones contra la reforma a la Justicia, de la que dice es inconstitucional en varios de sus artículos con los cuales fue aprobada.