sin romperse ni mancharse, pasaron de altos cargos del Estado a ser directivos de empresas privadas que se vieron favorecidas por decisiones del anterior Gobierno, en particular en el sector de la minería, según la recopilación de nombres que hizo Daniel Samper en su columna. 

Tan grave y corrupta le parece al Gobierno actual esta práctica de los funcionarios de su antecesor, que incluyó en el Estatuto Anticorrupción la prohibición expresa de que exempleados públicos contraten con el Estado o gestionen intereses privados ante la entidad para la que trabajaron hasta dos años después de la dejación del cargo. Por supuesto la denuncia de la falta de ética de su amigos no le gustó al expresidente, quien la contestó en su estilo característico, que no es respondiendo por las acusaciones, sino atacando a quien las hace.

Así se vino con todo contra Vargas Lleras y hasta lo acusó de nexos con los paramilitares. Uribe sigue a la letra el viejo proverbio chino: “Cuando el dedo señala la Luna, el necio se pone a mirar el dedo”. Pero esa puerta giratoria no es la única ni la mayor preocupación del exmandatario. Es mucho más grave la otra puerta que están atravesando algunos de los funcionarios de su círculo más íntimo, y que desde el año pasado se la sacó en cara Pastrana cuando dijo que “mientras mis más cercanos asesores están siendo llamados al nuevo Gobierno, los asesores más cercanos de Uribe están siendo llamados a indagatoria”. 

Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, Jorge Noguera o María del Pilar Hurtado son algunos de los exfuncionarios que han tenido que pasar por esta puerta y ya han sido condenados por casos como la Yidis-política y la compra de la reelección, las chuzaDAS o las relaciones con paramilitares. Hay muchos otros a la espera de sentencias por otros escándalos de corrupción del gobierno de Uribe (la Dirección de Estupefacientes, las concesiones viales, el sector salud, la DIAN, etc.), porque como dijo Santos, donde quiera que se toque sale pus. El caso de ‘Uribito’ es el más reciente. Se le trabó la puerta giratoria, pues no podrá volver a cargos públicos durante 16 años por la sanción de la Procuraduría, y enfrenta la posibilidad de la cárcel si es encontrado culpable de los cargos que le imputó la Fiscalía.  Aunque son distintas, las dos puertas giratorias tienen un elemento común: es la creencia en que el Estado se puede utilizar para defender y promover intereses particulares, olvidando que la misión esencial del Estado es la defensa del interés público y que el objetivo de las políticas públicas debe ser garantizar el bienestar de toda la población. La Fiscal acusó al exministro Arias de utilizar  AIS para promover su campaña presidencial en 2010; Uribe puso a sus ministros a ofrecer Notarías y otras prebendas del Estado para comprar su reelección; el DAS se puso al servicio de grupos ilegales o se usó para desprestigiar adversarios políticos. Corrupción es poner al Estado al servicio de intereses particulares. Para combatirla hay que clausurar la primera puerta giratoria y activar la segunda para castigar a los culpables.