Que el escándalo de Agro Ingreso Seguro, AIS, es un montaje, que el Tolima es testigo de ello, porque fueron centenares los campesinos que se beneficiaron con los aportes estatales, y así, por toda la geografía nacional. Es decir, que si la mayoría de campesinos, lo cual no es cierto, recibió las bondades del Estado, ¿por qué preocuparse? Como si los asuntos de la justicia fueran un tema de mayorías. Los subsidios entregados legalmente fueron miles y los dolosos fueron pocos. Si miramos los montos, encontramos que a cerca de medio millón de campesinos se les entregaron un poco más del 20 por ciento de los recursos y a menos del uno por ciento de los adinerados hacendados, más del 75 por ciento del dinero. Según José Obdulio, esta trampita no sería delito.
El artículo sexto de la Constitución colombiana expresa que los particulares, es decir todos los que no sean servidores públicos, únicamente son responsables por infringir la Constitución y las leyes. Cuando una persona toma posesión de un cargo público y se convierte, una vez jura cumplir la constitución y la ley, en servidor público, tiene además, la obligación de cumplir las funciones que su cargo le exige, y será responsable si omite cumplir con sus deberes o se extralimita en sus funciones. Los subsidios de AIS no eran para repartirlos al arbitrio del exministro, ni  para favorecer a las personas que posteriormente le apoyarían sus pretensiones electorales. Utilizar los recursos públicos para beneficio personal no sería delito, según José Obdulio. Es cierto que no se robó ni un solo peso y benefició a muchos, pero eso es delito.
Al Juan Carlos Abadía lo destituyeron como Gobernador del Valle porque utilizó su cargo para hacer proselitismo político, lo que está prohibido. Convocó a varios alcaldes de municipios vallunos para una reunión cerrada con un candidato presidencial. La falta fue probada mediante videos y declaraciones que fundamentaron su destitución. El invitado era el doctor Arias. ¿Creen ustedes que el exministro no sabía que estaba prohibido que los funcionarios públicos se reunieran con políticos para asuntos electorales? ¡Claro que sabía y que lo sabe! Según José Obdulio, esta falta ética es una estratagema de los enemigos del expresidente Álvaro Uribe, para perjudicar al doctor Arias.
El doctor Álvaro Uribe recorre los barrios de Bogotá y frente a la muchedumbre, pregunta ¿ustedes creen que yo me robé un solo peso del Estado? Cuando la gente le grita frenética que no, entonces él se cree absuelto de todo pecado. Favorecer que sus hijos se enriquezcan, que se espíe a sus contradictores, que se constriña a los electores, omitir la vigilancia para que se roben la plata de la salud, la DIAN, etc., o que se violen los Derechos Humanos, no es apropiarse de dinero público, pero es delito. Así José Obdulio se moleste y las mayorías aplaudan, voten y respalden.
La ley está para que la acatemos y respetemos. No para violarla por consenso.