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Cualquiera de los dos candidatos que sea elegido por los colombianos, debería tener el acatamiento respetuoso de la Fuerza Pública, pero igualmente esto requiere por parte de cualquiera de los dos que sea elegido, un tratamiento institucional y respetuoso de la misma –no se debería alterar las líneas institucionales de mando, más allá de lo normal en los cambios rutinarios que se hacen periódicamente-.
Con el candidato Gustavo Petro podrían tener la prevención de su pasado de pertenencia al M-19, pero eso no tiene ningún sentido hoy, porque esa insurgencia hizo su proceso de paz y recibió las medidas jurídicas para saldar ese tema y Petro ha demostrado en su actividad pública su compromiso con la institucionalidad; sin duda va a ser importante la persona que nombre como Ministro de Defensa y el apoyo institucional que la Presidencia le dé a las instituciones militares y policiales en su funcionamiento. Con el candidato Rodolfo Hernández podría haber prevenciones por las duras declaraciones públicas que ha hecho acerca de manejos irregulares o por lo menos no transparentes del presupuesto del Mindefensa; podríamos decir que está muy bien que el gasto militar tenga los controles y supervisiones adecuadas, pero no debe caerse en generalizaciones con todas las instituciones, porque no hay duda que la mayoría de sus miembros cumplen adecuadamente sus funciones, además de ser injusto; cualquier gobierno requiere un apoyo y colaboración estrecha con la Fuerza Pública –en esto será fundamental el rol del Ministro de Defensa que designe- para enfrentar los problemas de seguridad y defensa.
Muy importante que el nuevo Presidente convoque, junto con el Ministro de Defensa, la cúpula de la Fuerza Pública, a la definición de los lineamientos generales de la política de seguridad y defensa. Igualmente es necesario que los dos candidatos conozcan que se está adelantando un proceso de reforma de la Policía Nacional con el acompañamiento de un equipo de asesores nacionales e internacionales y apoyo del BID, los resultados del mismo estarán para implementación del próximo gobierno.
Sería una buena oportunidad, el inicio del próximo gobierno, para hacer una revisión de las misiones y roles tanto de la Policía Nacional –centrados en seguridad ciudadana- y los de las Fuerzas Militares en seguridad pública y seguridad nacional –precisando en qué circunstancias se requiere el ’apoyo’ de los militares a las tareas policiales- e incluso que se comience a analizar si el nuevo gobierno considera pertinente o no la reubicación institucional de la Policía Nacional, pasándola del Ministerio de Defensa a un Ministerio de Justicia y de la Seguridad Ciudadana –haciendo esta reforma en este Ministerio-, pero que situaría a la Policía en un espacio más adecuado para cumplir su tarea fundamental de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Para los dos candidatos será un reto importante tener una buena y fluida relación con la Fuerza Pública, porque de ello dependerá mucho contar con una institucionalidad comprometida en la seguridad y la defensa.
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