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Hace treinta años Colombia se tragó el cuento de que la Constitución era la culpable de la problemática nacional. En ese momento, con la excusa del problema de orden público, se alteró la Constitución vigente sin que se hubiese dado ni una revolución ni un golpe militar. En la entrevista, llena de huecos, que Andrés Pastrana le dio a María Isabel Rueda, el expresidente lanza el gravísimo cargo de que la Constituyente le hizo el mandado a Escobar de tumbar la extradición.
Hace cuatro años se le vendió a la gente la necesidad de una “consulta” anticorrupción, que solo repetía en un noventa por ciento las normas vigentes y, a pesar de que no fue aprobada, doce millones de personas votaron y el resultado fue explotado políticamente de manera muy hábil.
Ahora casi todo el mundo está aceptando sin discusión que la recolección de firmas es una manera de participación democrática, a pesar de que quienes se fueron por ese camino, en su gran mayoría, son personas con amplísimas trayectorias en la política tradicional, se desconoce que eso es una tergiversación de la idea inicial, que una misma persona puede “apoyar” diversos candidatos y, que hay empresas que por altísimas sumas de dinero consiguen “paquetes de firmas” al mejor postor.
¡Y lo que nos faltaba! Mucha gente –incluso informada y respetable– atacando sin piedad a la Corte Constitucional porque declaró la inconstitucionalidad de un Acto Legislativo –expresión de un populismo ramplón– que dizque para proteger los derechos de los niños establecía la cadena perpetua. Se ignora que ya en la legislación penal la máxima sanción para estos crímenes aberrantes contra niñas, niños y adolescentes es de sesenta años, lo que en la práctica equivale a la prisión perpetua si comparamos la esperanza de vida en Colombia con el promedio de edad de los delincuentes.
La prueba de que la sola amenaza de penas altas no detiene a los delincuentes es que en los últimos años los castigos han crecido y sin embargo los delitos y la impunidad han aumentado significativamente. De nada sirve tener la cadena perpetua e incluso la pena capital si no hay a quién aplicársela porque los delitos no se esclarecen judicialmente.
Hay que reconocer que ha habido casos emblemáticos: el del violador y asesino de Yuliana Samboní, Rafael Uribe Noguera, que hoy está cumpliendo una pena de 57 años y probablemente morirá en la cárcel. Y la reciente captura del desalmado abuelo que abusaba de su nieta y de otros niños a quien incluso con el fallo de la Corte le pueden aplicar hasta sesenta años.
Esta eficacia de la justicia –que debe darse en todos los casos– sirve más a la causa de los niños, que la cacareada cadena perpetua, que solo ha servido para lavar culpas o sacar réditos políticos.
Hemos oído tantos disparates y desatinos como la declaración de una señora que con la bandera de la cadena perpetua –sin ocuparse de las verdaderas causas que hacen vulnerable la infancia y adolescencia en Colombia–, aspiró al senado sin éxito en el 2018, acusando a la Corte Constitucional de “todo lo que de ahora en adelante le pase a los niños en Colombia”.
Muy serenamente le respondió la ponderada jurista Cristina Pardo, ponente de la decisión. ¡A qué nivel de bajeza argumentativa hemos llegado en la discusión! Basta con que se aplique la ley ya vigente y ninguno de estos horribles crímenes quedará en la impunidad.
De otro lado, todo este debate farisaico elude la ausencia de políticas serias y permanentes de prevención en temas cruciales como protección y atención del núcleo familiar, trabajo infantil, miseria, ausencia de educación, factores todos estos que hacen más vulnerables a los niños frente a agresiones sexuales y a su integridad física.
¿En qué se está invirtiendo el inmenso presupuesto de bienestar familiar? ¿Qué medidas de prevención se están tomando? ¿Por qué hay miles de niños en la calle, o que mueren de desnutrición y aun de enfermedades hace muchos años superadas? De esos temas debería estarse hablando, y no tergiversar una situación para insultar a la Corte Constitucional con argumentos de pacotilla.
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