¿Elección popular de jueces?

Aun cuando en nuestra historia política muchas veces los presidentes han expresado su desacuerdo con ciertas decisiones judiciales, no es común que esa discrepancia esté acompañada de una sutil amenaza de cambiar su forma de elección. A López Michelsen no le gustaba mucho la cooptación, pero no llegó hasta sugerir la intromisión política en su designación y se limitó a plantear una constituyente para los temas judiciales y de ordenamiento territorial que, por cierto, le “tumbó” la Corte Suprema en 1978, sin que por ello entrara en abierta confrontación con ella.

A Turbay Ayala la misma Corte que ejercía el control Constitucional, le declaró inexequible la reforma de 1979 por vicios de trámite -la misma razón por la que está demandada la reforma pensional- que sustituía prácticamente la tercera parte de la Constitución del 86 y que hubiera hecho casi innecesaria la constituyente del 91 pues contenía muchas de las disposiciones de hoy como el Consejo de la judicatura; la pérdida de investidura; la racionalización del trabajo del Congreso y la Fiscalía General de la Nación. A Turbay, y en general a la clase política que lo apoyaba, no le gustó el fallo, pero no pensó en la fórmula mexicana de ahora.

Como procurador general, ternado por Virgilio Barco, emití ante la Corte Suprema un concepto en contra del desencadenamiento de un proceso constituyente por un decreto de Estado de Sitio. A pesar de que el presidente estaba convencido de la bondad del proceso, jamás me llamó para protestar y públicamente expresó el respeto por la opinión del Ministerio Público.

Es suficientemente conocido el llamado de atención del procurador Aramburu, por intervención en política al gran estadista Carlos Lleras Restrepo, a pesar de que no tenía competencia para investigarlo. Lleras asumió el regaño y no le aceptó la renuncia que le presentó.

En el caso del actual jefe del Estado, se ha roto esa tradición. Nunca habíamos escuchado a un primer magistrado asociar decisiones -equivocadas o no de las altas cortes- con un golpe de Estado, duro o blando, o con intenciones de hacerle mandados a fuerzas retardatarias para sacarlo del poder.

Como siempre, con el jefe de Estado actual ha habido decisiones a favor y en contra. En el caso de las leyes declaradas inexequibles los “dolientes” serían no solo el presidente sino el Congreso, entidad de la cual no hemos leído descalificaciones. Con algunas modificaciones, la Corte Constitucional avaló tal vez dos de los actos más importantes: el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma Tributaria.

Las dificultades en la aprobación del presupuesto no han sido por cuenta de determinaciones judiciales. El marco central para la “paz total”, en su columna vertebral, ha sido avalado por decisiones mayoritarias de la Corte Constitucional, aun con sólidos argumentos en contra de asuntos puntuales: la negociación con toda clase de bandas; afectación de la política criminal; la imposibilidad de abusar del concepto de negociador de paz, contenidos en el salvamento del vicepresidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez.

Es verdad que por parte del Consejo de Estado se ha declarado la nulidad de algunos nombramientos -como en el pasado- por incumplimiento de requisitos o procedimientos legales. Lo mismo ha ocurrido con algunas nulidades electorales por “doble militancia” interpretando las disposiciones expedidas por el mismo Congreso.

En realidad el “coco” de la elección popular de jueces no va a llegar tan fácil pues requiere las dos vueltas de una reforma constitucional, imposibles de lograr incluso para la llamada “Reforma Política”. Esa propuesta nadie la va a tomar en serio a pesar de que en el pasado se le había ocurrido al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.