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Casi treinta y cinco años después, todavía no se conoce la verdad de los crímenes perpetrados por la insurgencia y el ejército en el asalto al Palacio.
Por honestidad con mis lectores, antes de escribir estas reflexiones, debo decirles que en distintas etapas de mi vida pública he cuestionado lo que allí ocurrió.
En noviembre de 1986 hice un debate en la Cámara de Representantes. Partí de la base de que el primer responsable era el grupo guerrillero por haberse tomado a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Irónicamente, la operación se llamó “Antonio Nariño” por los derechos humanos. Entre sus demandas estaba tumbar la extradición de nacionales, cosa que solo vino a hacer la constituyente del 91, luego de una serie de asesinatos.
Probablemente se inspiraron en la toma de la embajada de República Dominicana en febrero de 1980 durante el gobierno de Turbay Ayala, cuando por los mismos métodos hacían peticiones imposibles de cumplir. Solo que como los rehenes eran los diplomáticos, la solución fue incruenta.
Esa fue la gran estupidez política del M-19 como lo reconoce en entrevista en Semana uno de sus históricos integrantes, Everth Bustamante, pues solo a alguien que no conociera el país se le podía pasar por la cabeza que el establecimiento se la iba a “jugar” por la vida de los jueces como lo hizo por la de los diplomáticos encabezados por el embajador americano y el nuncio apostólico.
El Estado colombiano, antes y después, ha negociado con terroristas, como lo vemos aún hoy. Ese 6 de noviembre fue la única vez que no lo hizo. Se demostró que días antes los servicios de inteligencia habían descubierto el plan que se llevaría a cabo el 17 de noviembre durante la visita del presidente Mitterrand de Francia.
Ahí planteé la gran pregunta que aún no se ha resuelto: ¿quién dio la orden de retirar la estrecha vigilancia que tenía el palacio por las amenazas de los extraditables, lo que facilitó la entrada de los guerrilleros?
Y en la reacción de los militares de la época, aparentemente sin informarle plenamente a su comandante general, se cometieron todos los delitos que poco a poco se han venido descubriendo como torturas, desaparición forzada y asesinatos a sangre fría.
Durante mi gestión como procurador, el delegado de las Fuerzas Militares destituyó disciplinariamente al general Jesús Armando Arias Cabrales por haber sido el comandante del operativo de “rescate”. Esa decisión fue rechazada por el estamento militar y la clase política. Por eso salí de la Procuraduría y tuve que abandonar el país aceptando, por petición de Barco, la embajada en Viena.
En noviembre de 1990, tuve que atender un debate en el Senado por la decisión del procurador delegado contra el general Arias, quien por cierto hoy, dada su edad y el tiempo que lleva en prisión, debería ser dejado en libertad. En ese debate demostré todos los abusos y excesos cometidos en la retoma.
El poder judicial no ha podido reponerse de semejante golpe pues fue asesinada la mitad de lo que con razón se llamaba “la Corte Admirable”. Les pasó lo mismo que cuando a un ejército le desmantelan el generalato.
Creo que más que meter a la cárcel al general Ramírez -y a otros que aún no han aparecido- lo importante es que todos digan la verdad de lo que pasó para que finalmente el país quede tranquilo y se acabe con lo que en una entrevista con Cecilia Orozco dije hace unos años “El pacto de silencio”. La JEP puede ayudar. Pero también desde el M19, dado que no se les exigió verdad para amnistiarlos, sus militantes vivos como comenzó a hacerlo Everth Bustamante, digan todo lo que los llevó a ese acto de locura terrorista y cómo lo hicieron.
¿Chuzadas a los magistrados?
Como si fuera otro golpe, ahora se denuncia por la cúpula judicial y con base en información, entre otros, de un magistrado tan serio, ponderado y respetable como Jorge Enrique Ibáñez, la utilización de la inteligencia estatal para interferir en sus actividades. Hechos de esta gravedad no pueden mirarse como un escándalo más que pronto se olvida sin investigaciones a fondo.
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