Política y encuestas

Cada vez resulta más claro que en Colombia nos ocupamos más de las elecciones que de la política. Tan pronto se posesiona un presidente, le abren el proceso de sucesión. Durante la época del Frente Nacional y de la alternación era más evidente, pues existía esa especie de “fila india” que permitía saber con años de anticipación quienes iban a ser los  inquilinos de la Casa de Nariño.

Durante la hegemonía conservadora era el arzobispo de Bogotá quien con “su santo dedo” iba señalando a quien le correspondía el turno de los presidentes conservadores, hasta 1930, cuando no  lo hizo con claridad entre los candidatos Valencia y Vásquez Cobo y fue el fin de la hegemonía conservadora.

Pero ahora se ha intensificado el fenómeno pues, como se dice en la costa, todo el mundo comenzó a pensar que el mango estaba bajito y quien quiera que haya sido ministro, alcalde, gobernador, jefe de personal en una entidad o alto funcionario del Estado, así sea por corto tiempo y sin resultados, comienza a considerarse “presidenciable.” Por eso ahora, apenas dos años después de iniciado el gobierno Petro, ya hay por lo menos cincuenta candidatos o “candidotes”, sin que en la mayoría de los casos  estén precedidos de amplias carreras políticas o administrativas que los habiliten para  conducir la nave del Estado.

Entre tantos “auto candidatos” los ciudadanos no tienen elementos para diferenciar qué piensa cada uno de ellos sobre la economía, la justicia, la educación, la infraestructura, las comunicaciones, el manejo del orden público o el papel que debe desempeñar el Estado. Por eso se agitan los temas electorales y no los políticos. En medio de la inflación de candidatos -algunos inflados- valdría la pena que desde ahora se les pida la lista de sus equipos de gobierno para que no resulten tomando delicadas decisiones que a todos afectan, personas por las que nadie depositó su voto ni se les preguntó por ellas.

Paralelo a este fenómeno está, otra vez, el de la “encuestítis” aguda. Desde que el mecanismo existe las encuestas son  un inevitable elemento para medir el pulso político. Muchas veces se ha planteado que en época fría exista una regulación para garantizar la seriedad e imparcialidad de quienes las realizan. El Consejo Nacional Electoral podría señalar desde ahora cuáles son las encuestadoras inscritas para que conozcamos su composición, seriedad e imparcialidad. Nadie debe ni puede pelear con las encuestas. Pero sí se puede pedir que se sepa que hay detrás  de su promoción, impulso, financiación o sus finalidades.

Las campañas electorales, como en muchos países, deben ser cortas y en esos periodos deberían realizarse las encuestas. Todavía siguen haciéndose preguntas tan genéricas como la de si  “¿usted cree que el país va por buen o mal camino? ” Se confunde el grado de conocimiento  con la intención de voto que son cosas distintas. Es clave saber con qué criterio se escoge a los encuestados, las regiones  o los grupos sociales. En estos tiempos de virtualidad e inteligencia artificial, ¿tendrán el mismo valor las preguntas “presenciales” que las virtuales? Si ya prácticamente ha desaparecido la  telefonía fija, ¿se deben hacer las preguntas por los teléfonos móviles?

En una campaña presidencial tan dilatada, ¿con qué criterio las encuestadoras eligen las preguntas o las personas por las que se les pregunta? Si las preguntas no son abiertas ¿cuáles son los elementos para cerrar el círculo ?

En todas partes el papel de las encuestas es el de registrar hechos políticos. Pero cuando se hacen como en Colombia con tanta antelación y sin mucho control, terminan no registrando sino “creando” hechos políticos. Las discusiones sobre candidatos no se centran en propuestas para el manejo del Estado  o sobre su formación y trayectoria sino en cómo le va en la encuesta. Es una distorsión total de las campañas políticas.

Una reforma político electoral debería hacerse sobre temas como su duración -a veces se anticipan con las consultas abiertas o el mecanismo engañoso de las firmas-; financiación, y desde luego, con la regulación de las encuestas que en ocasiones están dirigidas a crear anticipadamente hechos políticos.