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Según el alcalde, Andrés Fabián Hurtado, el compromiso se circunscribe a nueve sectores del corredor turístico, puntualmente: Juntas, Villarrestrepo, Pico de Oro, Pastales, Llanitos, Tres Esquinas, Ramos y Astilleros, Berlín y Cay.
El discurso oficial sostiene que se trata de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestra Ibagué rural, de propiciar condiciones de desarrollo y competitividad para el turismo. Todos loables.
Sin embargo, leída entre líneas, la iniciativa podría tener múltiples connotaciones.
No se trata de asumir posiciones mezquinas como algunos editorializan, menos de sectarismos políticos que le ponen palos en la rueda al quehacer de quienes gobiernan, solamente de darle valor al sentido común y la ley.
Y es que si bien, ampliar la cobertura de servicios públicos necesariamente se traduce en oportunidades de progreso, no se pueden perder de vista el contexto, los antecedentes y la historia.
Hablamos de un ecosistema frágil, que en los últimos 10 años ha dado señales reiteradas de inestabilidad, propiciadas en buena medida por el cambio climático con eventos graves como las ampliamente difundidas avalanchas de las quebradas subsidiarias del río Combeima que transformaron el paisaje de la cuenca y afectaron severamente asentamientos humanos.
El Cañón ha sido catalogado por autoridades como zona de riesgo y en torno a ello se ha trazado cartografía detallada desde los estudios de vulnerabilidad incluidos en el Conpes 3570 donde es posible apreciar los numerosos puntos que requieren no solo acciones de mitigación, sino incluso de reubicación de predios por estar localizados en franjas de amenaza alta por eventos torrenciales.
De esa lista solo se excluyen dos de los ocho puntos a donde se pretende priorizar la llegada del servicio de gas.
El tema no puede ser visto con ligereza ni mediado por la emoción o por el afán de cumplir promesas de campaña, antes de evaluar escenarios posibles.
¿Qué sería de estos centros poblados y sus habitantes si como en el pasado resultaran golpeados por un deslave de alta magnitud que a su paso comprometa las redes de conducción?
¿Estaríamos a lo mejor ante un escenario mucho más apocalíptico y destructivo? ¿Una bomba de tiempo con el reloj activo?
¿Acaso resulta en extremo suspicaz pensar que hay intereses más poderosos que el bienestar común y que tal vez lo que se quiere es mejorar las condiciones sobre las propiedades de ciertos caciques políticos con poder de influencia sobre las instituciones involucradas en esta decisión?
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