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Durante este complejo período, otras instituciones como la Asamblea del Tolima, no solo modificaron su reglamento interno para encarar la virtualidad como un proceso transitorio, sino que además adelantaron todas las tareas administrativas para asegurar las intervenciones físicas necesarias a efectos de garantizar el retorno bioseguro de los integrantes de la duma.
No muy distinto fue el escenario en el seno del Congreso de la República donde la cosa parecía incluso más compleja, considerando el número de legisladores y sus asesores.
Contra todo pronóstico pasaron de la virtualidad absoluta a la alternancia y cerrando el 2021, prácticamente todos los senadores y representantes sesionaba desde el Capitolio.
El escenario, mientras tanto, en el Concejo de Ibagué, sigue estando muy a la altura de eso a lo que nos tienen acostumbrados. Cerrando el año anterior, cuando se debía debatir nada más y nada menos que el presupuesto de la ciudad para esta vigencia, al menos en tres oportunidades los concejales ‘virtuales’ se quedaron como novia de pueblo esperando por los secretarios de despacho que con risibles justificaciones no atendieron su citación.
La solemnidad del ejercicio, ya de por sí diezmada, encontró en la virtualidad una mofa, una burla a la dignidad de la Institución de la que hay montones de anécdotas. Como si se tratara de una clase de colegio, las fallas en la conectividad se convirtieron en la mejor excusa para no votar cuando las dudas podían comprometer la seguridad jurídica de sus curules.
También fue culpa de los operadores de internet el que no pudieran encender sus cámaras permanentemente o tan siquiera durante sus intervenciones, eso sí a excepción del Presidente y el Secretario. Y seguramente también habrá un culpable para esas apariciones indecorosas en las que olvidando que uno que otro ciudadano asistía a los debates se dejaron ver hasta en ropa de dormir. A estas alturas, no hay justificación que valga. Si el tema es la no adaptación de ajustes locativos dentro del recinto porque el edificio está a cargo de la administración municipal, lo único que esto prueba es la incapacidad de articulación y diálogo con el Gobierno del que se supone son su junta directiva.
Y si la preocupación de fondo es el estado de salud de los concejales, habrá de recordarse que ellos y varios integrantes de sus familias, además de contar con cobertura de salud pagada con recursos públicos tienen el amparo de pólizas de vida. Beneficios por los que, entre otras, afrontan actualmente un proceso ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
Si hilamos más delgado, fácilmente podría concluirse que la mayoría cuenta con esquemas completos de vacunación y salvo contadas excepciones no hay dentro del colectivo comorbilidades o factores de riesgo. Incluso muchos de ellos sesionan a distancia desde Bogotá y otros lugares a donde van sin ningún temor.
Así las cosas, por respeto a esa ciudadanía a la que representan, por empatía con los cientos de ibaguereños que durante los momentos más álgidos de la presencia del Covid19 debieron asistir a sus lugares de trabajo, o salir a la calle a conseguir su sustento, el único camino decoroso que le queda al Concejo de Ibagué es volver a la presencialidad.
Basta de dilaciones y de excusas, el virus no puede ser más la trinchera para la mediocridad de funcionarios que acuden como el universitario relajado que llega a una exposición sin nada preparado para responder un debate de control político o defender una iniciativa, tampoco para deliberaciones a medias donde ni siquiera los ponentes se sintonizan a la hora de modificar el articulado de un futuro acuerdo.
Es tiempo de ponerle la cara a la ciudad y devolverle un poquito de grandeza y de vida al templo por naturaleza del disenso y la democracia local.
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