Para el 2011, las FARC continúan siendo uno de los principales factores de perturbación, especialmente en los municipios del sur del Tolima donde opera su Comando Conjunto Central.

Las autoridades han sido enfáticas en negar la presencia de Bacrim o paramilitares en el territorio tolimense. Aceptan sólo el accionar de delincuencia organizada. Sin embargo, las denuncias de la ciudadanía en la Defensoría, la Fiscalía y los mapas de riesgo de Acción Social, hacen pensar que sí existen Bacrim.

La nueva correlación de fuerzas en lo local, empujada por las detenciones de líderes de diversas colectividades políticas, ha transitado con la debilidad de los partidos, el clientelismo, la corrupción, las maquinarias electorales y la persistencia del conflicto armado.

El panorama muestra presencia de grupos ilegales, homicidios políticos que permanecen en la impunidad, atentados y amenazas contra dirigentes políticos y populares; desapariciones, secuestros y boleteos, y la desviación ilegal de recursos públicos, sumados a la corrupción en el ejercicio electoral, que ha “costeñizado” la política, convirtiéndola en un proceso donde lo fundamental es el dinero para comprar votos y conciencias, sin importar su procedencia.

En medio de este horizonte, la Defensoría alerta que 14 municipios presentarían algún factor de riesgo electoral, nueve municipios en riesgo alto y cinco en riesgo medio. La Misión de Observación Electoral MOE, en agosto pasado, alertó sobre 28 municipios en riesgo electoral repartidos en dos bloques, uno en el norte del Tolima que incluye a Mariquita, Honda, Villahermosa, Murillo y Líbano.

Y otro en el sur, desde San Antonio hasta Planadas, pasando por Rioblanco, Ataco y Chaparral. En doce la situación sería más grave por la posible manipulación de la información, la corrupción del voto y el constreñimiento al elector.

En el Sur el mayor riesgo estaría representado por las FARC, con algo de presencia de Bacrim asociadas a minería ilegal. En el Norte, es fuerte la presencia de estructuras armadas ilegales surgidas después de la desmovilización de las AUC, junto con la presencia de las FARC aliadas con reductos del ELN. De los 10 municipios que describe el Observatorio de paz y derechos humanos de la Universidad del Tolima con mayor desplazamiento forzado, ocho están en la lista de la Defensoría y todos en la de la MOE.

Por las calles de Ibagué y de los municipios se escucha decir que nunca se había visto tanto dinero como en estas elecciones. Se dice que el mayor riesgo para unas elecciones limpias sería la corrupción del voto, especialmente financiada con recursos públicos. Que la plata del Estado, utilizada para beneficio particular y politiquero, sería la que definiría las elecciones. El derroche es evidente: vallas, pancartas, pendones y pasacalles electorales inundando el paisaje, saturación de cuñas radiales, perifoneos en barrios y veredas, afiches en sitios prohibidos y regateos por compra de líderes y apoyos electorales.

Son cotidianas las denuncias sobre la presencia de funcionarios públicos y dineros ilícitos participando en política. Las investigaciones prometen ser exhaustivas…Las autoridades juran total imparcialidad… ¡Pero las elecciones permanecen en evidente riesgo y peligro!