Otro de los grandes desafíos que tiene el Gobierno nacional este año junto con los mandatarios recién posesionados en gobernaciones y alcaldías, al igual que sus secretarías y dependencias, es generar un ambicioso plan para reducir la tasa de desempleo. Es pertinente y ojalá sea un propósito de cada ente territorial enfocar sus acciones y actuaciones hacia la generación de puestos de trabajo.
Si bien la economía, seguramente, cerrará el 2019 con un crecimiento mayor al 3%, apoyada en el consumo interno, el crédito, el comercio, la inversión pública, las remesas, las exportaciones y otros renglones, hay actividades que merecen la pena sean estimuladas en condiciones más favorables como son la construcción, las manufacturas, turismo, los servicios y las obras civiles o infraestructura, principalmente en los departamentos y municipios.
En el ámbito general, el gran problema es que la demanda de puestos de trabajo es mayor a las posibilidades de oferta, por lo que se requiere abrir las puertas a las nuevas inversiones o empresas privadas y ser más estratégicos con los recursos públicos. Es evidente que el actual aparato productivo es fundamental para mantener estable la fuerza de trabajo, pero en términos prácticos son indispensables nuevas iniciativas empresariales, de emprendimiento, una mayor protección del aparato productivo del país, condiciones laborales estables y mayor seguridad jurídica.
Obviamente, esto no se conseguirá de la noche a la mañana, pero es preciso generar un clima adecuado para emprender procesos, ser más competitivos, apoyar y fortalecer la asociatividad, y estimular en las regiones las nuevas apuestas productivas, especialmente para abrir los espacios y las oportunidades para las nuevas generaciones. Es hora de evaluar y revisar las exenciones tributarias de los municipios y crear proyectos, articulados con ministerios como el de Comercio Exterior, Industria y Turismo, con el respaldo de los estamentos públicos y privados, para trabajar en las debilidades y promocionar las fortalezas de nuestras regiones.
Tampoco podemos cerrar los ojos y desconocer que la migración venezolana ya comenzó a presionar la demanda laboral y algunos se vienen aprovechando de la situación para contratar mano de obra más barata y sin garantías en términos de seguridad social. Además, un dato revelado por el Dane da cuenta por ejemplo que, en noviembre, Colombia generó 589 mil empleos nuevos, pero salieron del mercado 176 mil personas, por lo que la tasa de desocupación aumentó para sorpresa de los analistas. La coyuntura, sin duda, es compleja.
En el caso de Ibagué, la incertidumbre jurídica a la que se vieron sometidos los empresarios locales los cuatro años anteriores, con ciertas dosis de autoritarismo y el constante choque generado con sectores políticos, gremiales y ciudadanos llevaron a la capital tolimense a decrecer y no resulta extraño que en esas condiciones se haya caído al segundo lugar de desempleo (15.6%), sumando 44 mil personas sin ocupación.
También, en el escenario nacional, el sector agropecuario, requiere un impulso adicional, pues los colombianos no sienten que el campo sea una fuente de progreso ni de crecimiento personal y/o monetario suficiente para sus expectativas, especialmente los jóvenes. Infortunadamente, la población rural es la más afectada porque le cuesta garantizar el relevo generacional y tampoco existen políticas gubernamentales que conviertan estas actividades en atractivos en términos de estabilidad económica, conocimiento, innovación y modernización tecnológica, crecimiento personal y profesional.
Seguramente mucha tela habrá para cortar a la hora de abordar esta problemática que no es exclusiva del país y que ya no es coyuntural, sino estructural. Lo lógico sería que la discusión nos conduzca a generar como Nación un Pacto por el Empleo, en donde se encuentren los gremios, los sindicatos, los académicos y las universidades, los grupos sociales e intelectuales, alcaldes y gobernadores para en lo posible diseñar las políticas, las estrategias y las acciones en el corto, mediano y largo plazo que nos permitan generar las garantías suficientes para que el trabajo sea un aspecto que contribuya al crecimiento de una sociedad más justa, incluyente y menos polarizada. Que la discusión por el empleo nos congregue como sociedad este 2020.
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