La desmovilización de 11.000 guerrilleros y la entrega verificada de sus armas es uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del país, pues disminuyó la intensidad de un sangriento conflicto interno que dejó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, y permitió que regiones azotadas por la guerra pudieran empezar a recibir los frutos de la naciente paz.
Por eso el anuncio de Iván Márquez y un reducido grupo de disidentes de volver a la guerra, con el supuesto motivo del derecho de levantarse en armas contra la opresión, es un duro golpe al proceso de Paz que se inició tras los Acuerdos de la Habana. Es una crisis que puede dar al traste con el proceso, pero también es una enorme oportunidad para fortalecerlo y apurar su consolidación. Todo depende que se haga con los disidentes.
A Márquez y su grupo que traicionaron el proceso hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado. Lo mismo que a los otros grupos disidentes que nunca aceptaron el Acuerdo, y a la guerrilla del Eln que ha sido renuente a negociar; todos ellos son grupos armados residuales que viven de negocios ilícitos, que siguen con el discurso de la extrema izquierda del siglo pasado y ya no tienen justificación política ni ideológica para la lucha armada.
Pero hay que recordar que esos grupos no son los únicos disidentes que no aceptan las reglas y condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz y quieren acabarlo. En la extrema derecha también hay grupos que quieren volver a la guerra: unos que ya empezaron por las vías de hecho asesinando a líderes sociales y excombatientes, y otros que con medios legales y jurídicos quieren volverlo trizas. Como los extremos se juntan, estos disidentes de derecha son los más beneficiados con la disidencia de Márquez.
Para fortuna del país la mayoría de los dirigentes políticos, de los partidos y de los funcionarios del Estado han rechazado a todos los disidentes y han reiterado su decisión y compromiso de continuar con lo pactado en el Acuerdo de Paz.
Los primeros en rechazar y condenar las acciones de Márquez fueron los del partido de las Farc (que ya deberían pensar en cambiarse el nombre). Rodrigo Londoño, su director y ex comandante de la antigua guerrilla, calificó el anuncio como una equivocación delirante, frente a la cual dijo “Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos”; además reiteró que a pesar de las demoras en la acción del Estado para la reincorporación de combatientes, más del 90% de los desmovilizados se mantienen firmes en el proceso.
En el otro lado, frente a los llamados de algunos políticos nostálgicos de la guerra de sacar el Acuerdo de la Habana de la Constitución e incumplir lo pactado, el rechazo del presidente Duque fue contundente: “Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reintegración (….) Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”.
Esa voluntad manifiesta de las dos partes de honrar sus compromisos es la mejor manera de derrotar a los disidentes que quieren volver a la guerra, siempre y cuando vaya acompañada de mayor presencia del Estado en los territorios que han sufrido el conflicto.
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