| El Nuevo Día

Lun, 26/10/2020 - 10:46

Los servicios públicos en general, con una mirada especial a los domiciliarios, iniciaron un proceso liberalizador durante los años 80, donde se cambió el modelo del monopolio natural imperante en aquella época, a la introducción de competencia en estos mercados, ¡sí como lo leen!, los servicios públicos domiciliarios son mercados, pues aún cuando la Constitución Política diga que son inherentes a la finalidad social del Estado, también dice que deben prestarse de manera eficiente y oportuna, garantizando la libre competencia y el acceso adecuado y equitativo a toda la población, un binomio muy difícil de articular entre eficiencia y equidad, el cual, considero yo, no ha sido equilibrado.

La historia nos ha contado muy bien cual es el camino recorrido en aquellos servicios que implican la utilización de una facilidad común para que puedan ser puestos a disposición del consumidor, ocurrió entonces con los servicios públicos domiciliarios –donde en teoría hay libre competencia, pero en la práctica no siempre-, y ocurrirá hoy día con el internet como facilidad común y en relación a todos los bienes y servicios que se tranzan en la red.

Y, así como ocurrió en los años 80, hoy también debatimos la existencia de posiciones dominantes en mercados acordes a nuestro tiempo –a través del internet-, nada más recordemos que en estos días se informó al mundo que Google será llevado a los estrados judiciales por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por abuso de la posición de dominio, pues, al parecer, utiliza los recursos recibidos por publicidad para pagar a los fabricantes, operadores y navegadores de teléfonos móviles para asegurar que sean ellos –Google-, el motor de búsqueda predeterminado. Esto ya había pasado antes, recordemos que en el año 1982 ocurrió un hecho similar, cuando el Departamento de Justicia Norteamericano demandó por conductas antimonopólicas al gigante AT&T, pues tenía una alta concentración del mercado de telefonía, tanto local, básica conmutada, como larga distancia, este hecho generó que, en esa época, AT&T tuviera que vender un componente esencial de su empresa para introducir competencia en el mercado de usuarios finales, creándose así muchas pequeñas empresas de telefonía local conocidas en ese entonces como las “Baby Bells”. Sin embargo, aún con toda esa proliferación normativa y jurisprudencial, sobre todo en materia de servicios públicos domiciliarios, seguimos siendo espectadores de estructuras monopólicas que socavan nuestras libertades, pues nada más alejado al bien común y el interés general que un monopolio y nada más restrictivo a la libertad ciudadana que un Estado incapaz de proporcionar los servicios públicos domiciliarios a su población, no solo en relación a la cobertura –pues esto va más ligado al desarrollo-, sino en cuanto al acceso en condiciones de equidad de acuerdo a la condición socioeconómica, algo que tiene que ver directamente con la riqueza –o pobreza- de un territorio. Por último, reflexionemos lo siguiente: ¿Qué tanta competencia existe en nuestro país –y claro está, en nuestra ciudad- entre prestadores de servicios públicos de energía y gas? ¿Tenemos la posibilidad de elegir quién nos suministre estos servicios? Pensemos en el surgimiento de una verdadera libertad, para nuestra ciudad y nuestro país que reivindique la promoción del interés general y el bien común para los ciudadanos.

CAMILO ERNESTO OSSA B.