Campo y paz

Camilo González Pacheco

La urgente y necesaria reforma rural en Colombia, siempre aplazada, sólo se podrá adelantar exitosamente en el Congreso Nacional, cuando las mayorías parlamentarias hagan parte de un necesario proceso de cambio social y democrático en el país. Mientras tanto, nada que hacer. Sencillamente, porque los poderosos terratenientes nacionales, en cerrada alianza y llave con el sector financiero y bancario, -lo más granado de la oligarquía colombiana- controlan férreamente el Estado colombiano, en especial por los lados del Ejecutivo y el Legislativo. Y no le jalan, a reformas que democraticen el poder y la riqueza en el país.
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Esta lamentable situación política se evidenció hace pocos días, cuando en el Senado de la República, de manera torticera y liderada por el propio Presidente de esa corporación, -en asocio y complicidad con María Fernanda Cabal-  hundieron la Ley de Especialidad Agraria, iniciativa legislativa impulsada  Juanita Goebertus y Angélica Lozano, dos valiosas líderes forjadoras de una nueva Colombia con democracia integral y justicia social.

En el fondo, el tema tenía mucho que ver con iniciativas, orientadas a democratizar la propiedad rural. Favorecer a los dueños de parcelas, no a los terratenientes. Y en especial, con el impulso de proyectos legislativos dirigidos a avanzar en lo pactado en el Acuerdo de Paz, en este caso, con el proyecto de Reforma Rural Integral, que también contempla la creación de la especialidad judicial agraria y rural.

Pero el pulso legislativo lo ganaron los terratenientes agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), que como detalle curioso es  dirigida por el esposo de la senadora Cabal, José Félix Lafaurie. 

Ellos, en defensa de sus intereses particulares y gremiales, sentencian desde hace décadas con toda la pompa y solemnidad feudal, que la propiedad rural en Colombia, no debe democratizarse. A una conclusión muy distinta, han llegado importantes centros académicos internacionales, entre ellos Oxfam, cuando indican que Colombia es el país con mayor concentración en la tenencia de la tierra en América Latina. Y, para sustentar tal conclusión, sueltan un detallito: el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. 

Lo anterior, una y otra vez reitera la urgencia de impulsar en  Colombia, una verdadera reforma agraria estructural, que permita orientarnos por nuevas vías comprobadas de desarrollo integral, humanista y democrático. La opción es clara. Falta el poder y la voluntad política. Ese es parte del reto. De ahí, lo importante de la participación política y electoral, en especial de la juventud, dirigida a construir un nuevo país, justo, soberano e igualitario. Con democracia, paz y desarrollo integral.

CAMILO A. GONZÁLEZ PACHECO

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